El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha reconocido que es accionista de varias empresas sin ejercer ninguna función en ellas y confirmó que su lugar de residencia se mantiene en reserva, tal como lo había informado días atrás el semanario Hildebrandt en sus trece.
El burgomaestre envió una carta notarial a la revista en la que indicó haber “tomado distancia de las empresas” en las que tiene participación, luego de que uno de sus reportajes revelara que es accionista de al menos diez compañías, tres de ellas offshore, lo cual lo mantiene ligado a esas firmas, pese a que prometió desvincularse para ejercer la función pública.
“La ley no exige que un alcalde deje de ser accionista de empresas, sino que no ejerza labores en estas. He cumplido con esta disposición, ya que no ejerzo ninguna labor o función en las empresas donde soy accionista. Soy propietario de las acciones que he declarado ante la autoridad de control nacional, y no tengo impedimento alguno para ser propietario de dichas acciones; sin embargo, no ejerzo función alguna en esas empresas”, recalcó.
También mencionó haber presentado “renuncia por escritura pública a todos los poderes y cargos en todas las sociedades y asociaciones en las que, por ser accionista o asociado”, fue designado como director, apoderado o en algún otro cargo societario. El trámite, precisó, está inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), “lo que lo convierte en un dato de acceso público, conforme al principio de publicidad registral”.
El informe mencionado por López Aliaga citó las declaraciones de Julio Castiglioni, abogado especializado en derecho municipal, quien señaló que el compromiso del alcalde con sus empresas contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que el cargo de alcalde debe ser “a tiempo completo”, lo que implica que no puede desempeñar otras actividades en el horario laboral de 8 a.m. a 5 p.m.
Residencia en reserva
Una fuente oficial citada por Hildebrandt en sus trece indicó que la autoridad limeña asiste al Palacio Municipal “solo para eventos públicos, se queda una o dos horas, y luego se va”. Además, se señaló que hubo semanas completas en las que no se presentó.
Según la revista, la casa donde vivía el alcalde, ubicada en el distrito de Miraflores, fue demolida hace seis meses para la construcción de un edificio de lujo. El terreno fue vendido por 3,1 millones de dólares, con la mitad de la suma correspondiente al alcalde y la otra mitad a su hermano.
No obstante, López Aliaga aclaró que asiste “regularmente al Palacio Municipal para cumplir con mis funciones como alcalde” y que su “presencia en eventos públicos es solo una parte de mis responsabilidades”. Además, agregó que su lugar de residencia es un asunto personal y privado “por razones de seguridad”, y que no tiene obligación de divulgarlo.
Añadió que sus finanzas personales “están debidamente bancarizadas y supervisadas por las autoridades competentes, quienes desde hace mucho tiempo las fiscalizan al detalle. Cualquier incremento o disminución en mis cuentas está justificado y registrado conforme a la ley”.
Asimismo, indicó que al haberse “alejado de la dirección de las empresas, no tengo injerencia sobre sus deudas tributarias. Sin embargo, confío en que estas cumplen con sus obligaciones fiscales de acuerdo con la normativa vigente”.
“Es comprensible que los actores políticos de la próxima contienda electoral intenten hacerse notar con diversas declaraciones, como lo advierte el dicho citado de un personaje de la política nacional. Mi información personal ha sido declarada ante las autoridades correspondientes, y no tengo por qué publicarla en los medios ni informarla a la prensa”, refirió en las líneas finales de su misiva.
El mismo semanario informó este viernes que las decisiones del alcalde podrían costarle al Perú una indemnización de USD 2,700 millones, monto que el fondo canadiense Brookfield ha solicitado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la anulación del peaje de Fuente Piedra.
Este juicio, que representa el mayor litigio económico de la historia del país, surge debido a la suspensión del cobro del peaje en Chillón, decisión tomada por su gestión tras una sentencia del Tribunal Constitucional que validó la denuncia de ciudadanos que consideraban que el peaje violaba sus derechos. La sentencia del CIADI se conocería en tres años.
