El éxito o fracaso de las políticas públicas asociadas a la mejora de la calidad de vida de la población se mide en el mediano o largo plazo. Se observan indicadores cuantitativos e incluso cualitativos, como el nivel de satisfacción o la percepción sobre un tema en particular. Si hablamos de inseguridad y crimen organizado, ¡qué duda cabe de que las políticas para combatirlos vienen fracasando!
Entre julio y setiembre de 2024, las denuncias por comisión de delitos a nivel nacional aumentaron un 6.2%, con respecto al mismo periodo de 2023, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias, con el 35% del total y un aumento del 14.9%. Cuando revisamos los datos a nivel departamental, la situación es crítica en la zona norte de nuestro país. Lambayeque y La Libertad, concentraron el 8% y 6%, respectivamente, con aumentos del 6.1% y 10.4%.
La percepción de inseguridad ciudadana supera el 85% de la población. Las denuncias por extorsión se han incrementado fuertemente. En distritos de la capital como Villa El Salvador, Ate y San Juan de Lurigancho, entre el año 2022 y lo que va de 2025, la tasa de denuncias por extorsión por cada mil habitantes se multiplicó por 6, 3.5 y 4.2 veces, respectivamente, de acuerdo con datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), expuestos en el último Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría. A nivel departamental, las mayores tasas se concentrarían en la zona norte de nuestro país: La Libertad, 2.51%; Tumbes, 1.5%; Piura 1.03% y Lambayeque, 0.66%.
La opinión pública busca responsables, y hasta exige la destitución de un ministro que, ante la indignación de la población, se despide con un beso volado. Cambiar al ministro del Interior es solo una parte del costo político de la inefectividad en las políticas de seguridad y orden interno. En lo que va de este cuarto de siglo, han desfilado más de 40 ministros del Interior, quienes habrían ocupado el puesto, en promedio, por menos de un año. ¿Qué continuidad en las políticas se puede lograr con tantos cambios?
Más allá de esta inestabilidad, por más capturas de bandas u operativos con Papá Noel o capibaras, los usos y costumbres del Ministerio Público y el Poder Judicial terminan poniendo nuevamente en las calles a los delincuentes. Sea por omisión o por convicción, jueces y fiscales no estarían colaborando con las políticas para frenar la criminalidad. El hampa percibe que poco o nada se hace en su contra y, por más indignación o marchas de la población, la situación sigue igual.
Cuando el ministro Santiváñez deje el cargo, seguramente no lo hará con un beso volado. Lo más probable es que se sume a la larga lista de exministros que, de cuando en cuando, comentan en los medios sobre qué se debería hacer en materia de seguridad.
