La crisis de inseguridad que enfrenta el Perú ha encendido las alarmas. La criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población de manera directa, cobrándose la vida de cientos de personas en lo que va del año. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelan un escenario inquietante: hasta el 18 de marzo de 2025, se han reportado 475 homicidios en todo el país. Este aumento de la violencia ha superado los registros de años anteriores y refleja un fenómeno que las autoridades no han logrado contener.
El asesinato del cantante Paul Flores García, integrante del grupo Armonía 10, generó conmoción y volvió a poner en el centro del debate la falta de seguridad en las calles. La reacción del Gobierno fue inmediata, decretando estado de emergencia en Lima y Callao desde el 18 de marzo. Sin embargo, la medida no ha detenido la ola criminal. En las primeras 24 horas de su aplicación, 15 personas fueron asesinadas en diferentes regiones del país, lo que evidencia que el problema persiste y se agrava.
Asesinatos sin control este 2025: cada cuatro horas se registra un homicidio en el Perú, según Sinadef
Las cifras del Sinadef muestran que los homicidios en el Perú han alcanzado niveles alarmantes. Solo en los dos primeros meses del año se registraron 368 asesinatos, una cifra significativamente mayor a la de periodos similares en años anteriores. Con los homicidios reportados hasta el 18 de marzo, el promedio actual indica que cada cuatro horas una persona es asesinada en el país.
Lima encabeza la lista de homicidios con 160 casos, seguida de La Libertad con 49, Callao con 42, Piura con 34 e Ica con 20. Estos datos reflejan que la violencia se ha extendido a diversas regiones, impactando en la vida de miles de ciudadanos. La mayor parte de las víctimas han sido atacadas con armas de fuego, lo que demuestra la facilidad con la que los delincuentes acceden a este tipo de armamento.
Crimen organizado y extorsiones: los motores de la violencia
Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que la gran mayoría de los asesinatos están vinculados a la extorsión y a las redes de sicariato. Comerciantes, transportistas y empresarios son los principales blancos de estas organizaciones criminales, que operan con total impunidad en diversas regiones del país.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde Jorge Luis Estrada, un taxista, fue asesinado a plena luz del día por un falso pasajero. Este crimen dejó en la orfandad a dos menores de edad y refleja el nivel de peligro al que está expuesta la población en su vida cotidiana. En otras regiones, como Huánuco y Arequipa, se han reportado homicidios de ciudadanos extranjeros vinculados a bandas criminales dedicadas a la extorsión bajo la modalidad del “gota a gota”.
Estado de emergencia: una medida que no frena la violencia
El estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte el 18 de marzo busca reducir la criminalidad en Lima y Callao, permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje junto a la Policía. Sin embargo, la ola de homicidios registrada tras su implementación genera dudas sobre su eficacia.
En solo 24 horas, 15 personas fueron asesinadas en distintas zonas del país, incluyendo siete en la capital y el primer puerto, y otras ocho en provincias. La violencia continúa escalando, poniendo en jaque a las estrategias gubernamentales. Mientras tanto, las extorsiones y amenazas se han convertido en una realidad cotidiana para los peruanos, quienes sienten que la inseguridad sigue ganando terreno.
Presión sobre el Gobierno y el Congreso
El incremento de los homicidios ha generado críticas hacia el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien defiende su gestión asegurando que la Policía Nacional está realizando operativos constantes para enfrentar el crimen. Sin embargo, las cifras muestran que el problema persiste y que la percepción de inseguridad en la ciudadanía es cada vez mayor.
En el Congreso, la presión sobre el ministro se ha intensificado. Tras el asesinato del cantante Paul Flores, varias bancadas han presentado mociones de censura en su contra, argumentando que no ha logrado frenar el avance de la delincuencia. Pese a ello, Santiváñez sostiene que su gestión ha sido la más eficiente de los últimos años y que, de no haberse implementado estrategias policiales, la situación sería aún peor.
Las cifras, no obstante, evidencian que la violencia sigue escalando en el Perú. Mientras el Gobierno insiste en que la crisis de seguridad no es comparable con la de países vecinos como Colombia y Ecuador, la realidad en las calles es distinta. La población peruana enfrenta día a día una incertidumbre creciente sobre su seguridad, en un contexto donde el crimen organizado y el sicariato parecen haber ganado terreno.
Ante esta situación, organizaciones civiles han convocado una manifestación para este viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. La movilización busca exigir respuestas concretas ante el avance de la inseguridad en la capital y visibilizar la preocupación de la ciudadanía frente al deterioro de la seguridad pública. Diversos colectivos han anunciado su participación en esta protesta, que espera congregar a cientos de personas en una demostración de rechazo a la falta de medidas efectivas para contener la delincuencia.
