Las organizaciones Instituto de Derechos Humanos IIllary y Proética, del Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 23 niñas, niños y adolescentes de la comunidad campesina Cabana, Puno, quienes fueron intoxicados por alimentos en mal estado repartidos por el programa Qali Warma, ahora conocido como Wasi Mikuna.
A pesar de que ya ha pasado un año de este hecho, los afectados siguen teniendo secuelas físicas y emocionales. Según Proética, ellos no han recibido una atención médica oportuna ni adecuada, mientras que sus familias han sido revictimizadas y estigmatizadas por las propias instituciones estatales. Incluso, algunas han sido obligadas a mudarse debido a la presión social, aseguran.
Los organismos solicitan al Estado peruano adoptar medidas urgentes para garantizar la salud, integridad y derechos de los menores afectados. También piden asegurar la transparencia y fiscalización del nuevo programa, además de garantizar la justicia para las víctimas.
¿Qué sucedió en Puno?
El 25 de marzo de 2024, menores del colegio Gamaliel Churata fueron hospitalizados tras presentar cuadros severos de intoxicación. Las primeras diligencias de la Dirección regional de Salud (Diresa) indicaron que esto habría sido causado por el agua usada para preparar los alimentos. No obstante, investigaciones posteriores señalaron que los funcionarios de esta entidad del Minsa habrían recibido sobornos a cambio de presuntamente proteger a Frigoinca, empresa contratada por Qali Warma para suministrar los productos en Puno.
Entre las consecuencias que devinieron de este hecho, el extitular del Midis Julio Demartini, fue sacado de su cargo. Hasta ese momento, era el único ministro de Dina Boluarte que sobrevivía de su primer gabinete. En su reemplazo ingresó Leslie Urteaga, quien ya había ocupado el puesto de ministra de Cultura.
El caso también afectó al vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, a tal punto que el Ministerio Público lo investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La tesis fiscal es que el funcionario habría favorecido a Frigoinca cuando era jefe de Qali Warma, entre los años 2019 y 2022. Esto lo habría hecho firmando las resoluciones que cambiaron las directivas de compra para que la empresa del fallecido Nilo Burga consiga las licitaciones. Desde que el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país y se solicitó su detención preliminar por diez días, no ha vuelto a dar conferencias de prensa.
Fiscalía realiza dirigencias
El viernes 14 de marzo, la Fiscalía realizó unas diligencias en las oficinas principales de Wasi Mikuna, ubicadas en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de Santiago de Surco. La operación, liderada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, busca esclarecer la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría a funcionarios de alto nivel, entre ellos el vocero del despacho de Dina Boluarte.
Desde las primeras horas de la mañana, fiscales y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron a las instalaciones con el objetivo de recopilar documentación clave. Aunque la intervención no fue catalogada como un allanamiento, se trató de una exhibición de documentos e inspección que se extenderá durante tres días consecutivos. Las áreas inspeccionadas incluyen Recursos Humanos, Secretaría Técnica, Personal Administrativo y la Procuraduría, todas consideradas estratégicas dentro de la estructura del programa.
A través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de X/Twitter, Wasi Mikuna informó que su personal, en conjunto con el procurador del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), estuvo brindando todas las facilidades para el desarrollo del procedimiento. El programa reiteró su compromiso con la transparencia y aseveró que se está entregando toda la documentación requerida por el Ministerio Público.
