El ministro del Interior, Juan José Santivañez, culpó a la migración de la inseguridad que existe en el país y en otros de la región, pero el 86% de los detenidos, en lo que va del año, son de nacionalidad peruana.
Durante su presentación en el Congreso de la República, en el contexto de las cuatro mociones de censura que se han presentado en su contra, el propio titular del Mininter indicó que entre el 1 de enero al 19 de marzo, se han detenido a 91 mil 107 personas, de las cuales 63 mil 264 son connacionales, mientras que el 12 mil 413 son extranjeras.
“El Perú enfrenta un contexto de creciente inseguridad, un fenómeno que viene afectando a toda América Latina y que se ha visto agravado por dinámicas migratorias que fueron permitidas por gestiones pasadas, así como el ingreso y expansión de redes delictivas trasnacionales”, mencionó Santivañez.
“Nosotros no abrimos las puertas, nosotros no permitidos los ingresos. La criminalidad ha evolucionado sin freno, por las gestiones previas, sus prácticas se han sofisticado y sus estructuras se han fortalecido, generando un impacto sin precedentes en la sociedad”, añadió.
Solo el 5% de la población penitenciaria es extranjera
En un informe del INPE de diciembre del 2025, se señala que solo un 5% de los reos que hay en el país son extranjeros. De los 5.188 registrados, hay 4.840 varones y 348 mujeres. El 41% de ellos, aproximadamente, son procesados por robo y hurto, mientras que el 21% habría cometido tráfico ilícito de drogas.
Según el reporte, dentro de los centros penitenciarios hay ciudadanos provenientes de Venezuela, Colomabia, Ecuador, Sudáfrica, Nigeria, China y Malasia. El penal de Lurigancho alberga a la mayoría de esta población, con 975 internos. Después siguen los establecimientos de Huaral, con 442. En cuanto a los centros exclusivos para mujeres, en el primer lugar está el Anexo de mujeres de Chorrillos, con 94. Luego, están los penales de Chorrillos (68) y de Mujeres de Trujillo (30).
Dina Boluarte tiene el mismo discurso
Durante la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta Dina Boluarte mencionó que un exmandatario habría dejado “abiertas nuestras fronteras”, permitiendo “el ingreso de miles ciudadanos de países vecinos”.
“Asumimos con firmeza las consecuencias de la irresponsable decisión, y lo digo con el ánimo firme de que esto no vuelva a suceder. La patria es nuestra casa y hay que protegerla. Aquel expresidente que dejó abiertas nuestras fronteras permitió el ingreso de miles de ciudadanos de países vecinos”, manifiesto.
Luego, el Conasec, entidad donde participan diferentes representantes del Estado, acordaron “la implementación de medidas para regularizar la situación migratoria de los extranjeros indocumentados, y que “caso contrario se tomarán acciones multisectoriales para su expulsión del país”.
Esta no es la primera vez que la jefa de Estado tiene un discurso en contra de la migración. Anteriormente, había anunciado una serie de medidas contra la población venezolana que especialistas confirmaron que no solo eran “inaplicables”, sino que también eran discriminatorias.
Gabriel Vergara, experto en protección de la organización VeneActiva, dijo a Infobae Perú que este tipo de discursos pueden fomentar la xenofobia y los discursos de odio. Explicó que estas narrativas no solo afectan a la población venezolana, sino que también generan alertas en la comunidad internacional. Recordó, además, que organismos como las Naciones Unidas y el sistema interamericano han instado a combatir este tipo de discursos, que pueden derivar en discriminación y exclusión social.
Por su parte, Maholy Sánchez, especialista en refugio y líder de la Clínica Jurídica de VeneActiva, mencionó que los procesos de expulsión no siempre se realizan hacia el país de origen de las personas afectadas. En muchos casos, los migrantes son trasladados a las fronteras de países vecinos, que a su vez exigen requisitos como visas para permitir el ingreso.
