El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, evitó este miércoles proporcionar detalles sobre las compensaciones económicas entregadas a las víctimas de la tragedia ocurrida en Trujillo, tras el colapso parcial del techo del centro comercial, que dejó a 93 personas afectadas y seis fallecidos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el directivo explicó que la empresa ha destinado un fondo de 20 millones de soles para cubrir todos los gastos médicos de los afectados. “La prioridad desde el primer momento fue atender los servicios de salud que las familias y los afectados requerían. Tenemos cuatro personas en hospitales, ninguna de gravedad”, señaló.
Sin embargo, en cuanto a las compensaciones a las familias, Malpartida indicó que ya se han cerrado 89 casos, aunque aclaró que el proceso continúa de manera independiente y confidencial, “a pedido expreso de las familias, principalmente debido a los problemas de seguridad en Trujillo”.
Las declaraciones generaron críticas de algunos legisladores, quienes cuestionaron la reserva de la información. El congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) expresó que “el tema de la confidencialidad debe ser tratado con cautela” y sugirió que, al menos, se debería compartir la lista de personas que llegaron a los hospitales para verificar el impacto del incidente. “De alguna forma, se debería hacer público quiénes fueron los afectados”, comentó.
Por su parte, el parlamentario Elías Varas denunció que Real Plaza estaría presionando a las víctimas para que guarden silencio. “Me llama poderosamente la atención que en flagrancia no haya sido señalado ninguno de los responsables de Real Plaza. Quien tiene poder económico tiene comprada la justicia”, afirmó. Además, criticó que, “ya ha pasado un mes, y hasta el momento, Intercorp (propietario de Real Plaza) no ha asistido de manera debida ni indemnizado oportunamente”.
Cuando volvió a intervenir, Malpartida reiteró que “no hay ningún afectado que no haya recibido todas las atenciones necesarias” y enfatizó que “el fondo de 20 millones está destinado a cubrir la totalidad de los gastos de salud”. No obstante, insistió en que “los acuerdos compensatorios son totalmente independientes y estrictamente confidenciales, a pedido de las familias”.
Tampoco respondió a una consulta del presidente de la comisión, Juan Burgos, sobre los acuerdos de indemnización con los deudos de las seis personas fallecidas en la tragedia. Previamente, en un comunicado, Real Plaza indicó que “en ningún momento se ha presionado a ninguna persona afectada a firmar algún acuerdo compensatorio” y aseguró que respeta “completamente si alguna familia prefiere optar por el proceso judicial”.
Refirió, de igual modo, que proporciona “apoyo económico permanente para ayudar a cubrir sus necesidades mientras se define una compensación”, que no “podrá revertir el dolor causado por este suceso”.
A la sesión de esta jornada en el Parlamento también fue citado Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Grupo Intercorp y uno de los hombres más ricos del Perú, pero el holding informó mediante un oficio que su representante estaría presente en la sesión.
Diligencias
Según un informe del semanario Hildebrandt en sus trece, los peritos que investigan el colapso del techo han hallado signos de corrosión en las vigas, y se ha determinado que las placas de acero utilizadas en la construcción eran insuficientes para soportar el peso del techo.
Malpartida explicó al respecto que hasta el momento el Ministerio Público no permite el ingreso de peritos externos. “Recién cuando termine el levantamiento de información, se permitirá que los peritos de la consultora o de otras partes puedan ingresar a levantar muestras”, dijo. Además, aseguró que Real Plaza ha puesto un perito de parte que trabaja junto con el de la Fiscalía en las investigaciones.
El mismo semanario reveló que el diseño original de la estructura fue alterada para ampliar el área de restaurantes, lo que implicó reubicar cinco columnas de apoyo. Esta modificación no fue acompañada de una revisión exhaustiva de la estructura, a pesar de que las conexiones entre las vigas de acero y el concreto debían ser evaluadas, según expertos.
El arquitecto Ernesto Villanueva, funcionario de la comuna provincial que firmó la verificación de las estructuras del patio de comidas en abril de 2015, fue condenado en 2022 por el delito de colusión agravada en un caso relacionado con sobornos entregados a un consorcio para obtener un contrato en Cajamarca, siempre según el semanario.
