El gobierno de Dina Boluarte ha decretado un estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, con el objetivo de combatir la creciente ola de asesinatos por sicariato que ha sacudido al Perú. La medida llega luego de la indignación nacional por la muerte del vocalista del grupo Armonía 10, un crimen que retrata la situación que atraviesa el país, con las extorsiones y homicidios que se dan todos los días.
El director ejecutivo de Proética y exministro del Interior, José Élice, analizaró el impacto de esta medida gubernamental que ya ha sido aplicada en meses anteriores y concluyó que no resuelve el problema de fondo.
“Me temo que los delincuentes tipo sicarios y otros similares no le temen al estado de emergencia, o sea, no los disuade”, señaló Élice y sugirió que se debe avanzar hacia un modelo más efectivo de intervención de las fuerzas del orden.
El exjefe de la Dircote, el general de la Policía Nacional José Baella, concordó con lo dicho por Élice y criticó de manera contundente la manera en que el gobierno está manejando la situación. “Lo hemos visto en Trujillo, Piura, acá mismo en Lima. Los mismos alcaldes dicen que no funciona, estamos repitiendo la misma receta”, señaló.
Baella también destacó la falta de planificación, asegurando que primero debe existir una estrategia y luego la declaración de emergencia, y no al revés, como ha ocurrido en este caso, según lo confirmado por un alto oficial del Ejército. “El estado de emergencia es una herramienta constitucional que el gobierno está haciendo uso por el momento, porque sabe que la población está enardecida, está dolida. No es una herramienta política, y a la policía y a los militares no les queda más que acatar”, sostuvo.
El general PNP sostuvo que incluso la presencia militar en las calles no va a frenar que los peruanos sigan pagando cupos, que sigan recibiendo mensajes extorsivos. “Estamos en una guerra contra la criminalidad, y en la guerra se tienen que tomar decisiones inmediatas. Tú lo has dicho: yo, desde mi casa, desde un parque, con un teléfono, puedo extorsionar a 20 o 30 personas, y un militar en la calle no va a impedir que eso lo haga”, mencionó.
Extorsiones y asesinatos no cesan pese al estado de emergencia
Hasta el 18 de marzo, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reporta que 475 personas han sido asesinadas en Perú en lo que va del año, la mayoría con armas de fuego una modalidad que suele ser ejecutada por el sicariato. La medida de estado de emergencia, implementada por el gobierno de Dina Boluarte y liderada por su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue anunciada el 17 de marzo. Sin embargo, en las primeras horas de su implementación, se sumaron 14 asesinatos más a nivel nacional.
La situación es alarmante principalmente por la tendencia del incremento de las cifras de homicidios, aunque el gobierno insiste en que no es tan grave cada que se compara con países vecinos. Solo en los primeros dos meses de 2025, Perú había registrado 368 homicidios, un aumento considerable respecto a los 111 del mismo período en 2018. Aunque las cifras han crecido, siguen siendo mucho menores que las de Ecuador y Colombia.
La creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía es una realidad que se vive con cada vez mayor intensidad. La zozobra se incrementa debido a las nuevas y más violentas modalidades de crimen implementadas por bandas criminales, tanto peruanas como extranjeras, que operan con total impunidad.
La extorsión y el sicariato se han vuelto prácticas comunes y afectan a un espectro amplio de la población: comerciantes, pequeños emprendedores, amas de casa e incluso menores de edad. Estos delitos se cometen de manera indiscriminada, generando un ambiente de temor constante. Todos los días, las víctimas son extorsionadas y, en muchos casos, asesinadas, pese a las medidas que el gobierno insiste en glorificar.
