Organizaciones indígenas de Perú han denunciado que las modificaciones aprobadas la semana pasada por el Congreso de la República a la ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) constituyen una “ley mordaza” que busca silenciarlos y criminalizarlos por defender los derechos humanos. En un comunicado emitido este miércoles (19.03.2025), las organizaciones alertaron que la medida afecta gravemente sus derechos, incluyendo el acceso a la justicia y la protección de sus comunidades.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez, calificó la ley como un intento de debilitar a las comunidades indígenas. “No nos preocupa esta ley porque el flujo de la cooperación internacional llegaría con controles a las organizaciones indígenas, sino porque esta modificación de la ley APCI constituye para nosotros una mordaza, buscan callarnos, debilitarnos", indicó Pérez.
Las modificaciones aprobadas el pasado 12 de marzo prohíben que los fondos de cooperación internacional sean utilizados para interponer acciones legales contra el Estado, lo que afecta directamente a las organizaciones que han dependido de estos recursos para presentar demandas judiciales en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). La ley también afectaría a los casos de líderes indígenas asesinados que han sido llevados a instancias internacionales.
Danitza Quispe, dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), advirtió que “esta ley afectaría no solo a las ONG, sino también a las organizaciones indígenas que necesitan apoyo de la cooperación internacional para sus procesos".
Por su parte, Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), agregó que la cooperación internacional ha asumido funciones que, según él, deberían cumplir las autoridades del Estado, señalando que esto muestra una falta de acción por parte del Gobierno peruano en las regiones indígenas.
Las organizaciones indígenas también denunciaron que la ley no ha sido sometida a consulta previa, un derecho reconocido por la Constitución que otorga a las comunidades indígenas la posibilidad de ser consultadas sobre proyectos que afecten directamente sus derechos y territorios. Según Jorge Pérez, la norma es inconstitucional por no cumplir con este requisito legal, y anunció que si el Ejecutivo no observa la ley, las comunidades indígenas acudirán a instancias internacionales.
El Congreso de Perú aprobó esta nueva legislación con el objetivo de fiscalizar los recursos de cooperación internacional que reciben las ONG en el país, en un intento por fortalecer la APCI y mejorar la transparencia en la gestión de esos recursos. Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por considerarse un intento de restricción a las actividades de la sociedad civil.
La modificación de la ley también plantea que las ONG registren todos los planes, proyectos y programas realizados con recursos internacionales, además de obligarlas a obtener la conformidad de la APCI para todos los contratos relacionados con el Estado. A su vez, propone la creación de una unidad en la superintendencia tributaria para supervisar los recursos de cooperación internacional.
Las organizaciones indígenas han pedido una revisión exhaustiva de la ley y han advertido que seguirán luchando por sus derechos a través de movilizaciones en todo el país, en un esfuerzo por proteger su autonomía y el derecho a recibir cooperación internacional para la defensa de sus territorios y comunidades.
