Un despliegue militar en la zona comercial de Larcomar y el parque Kennedy, en Miraflores, captó la atención de los vecinos y visitantes. Este acto responde al estado de emergencia declarado por el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, ha sorprendido que la medida se haya tomado en un distrito con menores índices de extorsiones y sicariato en comparación con otros sectores de Lima.
Mientras distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas e Independencia enfrentan casos frecuentes de asesinatos y explosivos, Miraflores no presenta estos niveles de violencia.
La declaración del estado de emergencia en Lima y Callao se dio después del asesinato de Paul Flores García, cantante de la orquesta Armonía 10, en Jicamarca. Sin embargo, esta medida también fue impulsada por las múltiples denuncias de extorsiones que afectaban a comerciantes, ciudadanos, clínicas y colegios.
Según imágenes difundidas por Exitosa y usuarios en redes sociales, un grupo de aproximadamente 5 militares armados de las Fuerzas Armadas resguarda este sector en Miraflores. Este tipo de presencia militar contrasta con la situación en otros distritos más peligrosos, donde, a pesar de la gravedad de los incidentes, la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aún no se había materializado.
Cabe resaltar que fue solo en la tarde del martes 18 de marzo que se observó el despliegue de los militares en Miraflores, a pesar de que el gobierno había anunciado previamente que las Fuerzas Armadas patrullarían las principales avenidas de la capital.
Inseguridad en Miraflores se redujo
La presencia de militares en Miraflores ha generado controversia, ya que este sector no es uno de los distritos de Lima con un alto índice de criminalidad. Según la comuna miraflorina, durante la segunda edición del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), celebrada en febrero de este año, se reportó una reducción del 23,4% en la incidencia de delitos como robos y hurtos entre enero de 2024 y el mismo mes de este año.
En cuanto a extorsiones, Miraflores registró apenas 48 denuncias durante todo el 2024, posicionándose como uno de los distritos con menor incidencia de este tipo de delitos, al igual que Lince, Barranco y Magdalena del Mar.
En contraste, distritos como San Juan de Lurigancho, con 1.163 denuncias por extorsión, y Cercado de Lima, con 855, reportaron cifras mucho más altas, lo que genera interrogantes sobre la asignación de recursos para el resguardo en diferentes zonas de la ciudad.
Reacciones en redes sociales
La presencia de militares en Miraflores ha generado una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la lógica de la medida. A pesar de que este distrito no es el más peligroso de Lima, varios ciudadanos exigen que los recursos se destinen a zonas con mayores índices de criminalidad.
“Este Estado de Emergencia es solo para Miraflores. Hay militares en Larcomar, claro, Larcomar ha sufrido muchas extorsiones y delincuencia, protejan Larcomar”, escribió irónicamente Alex Febrero en su cuenta de X. En tono sarcástico, Nicole también se expresó, cuestionando la lógica de la estrategia: “Es que han salido tantas noticias de los vecinos de Miraflores siendo extorsionados, asesinados, piensen en ellos. Y no salgan con que hay militares en estaciones de tren en SJL que hoy asaltaron un bus por Av. 13 de Enero, hoy que estamos en estado de emergencia”.
Desde una visión con mayor experiencia, el teniente general PNP en retiro Edgardo Garrido López consideró que el gobierno insiste en la declaratoria de emergencia como la estrategia clave para reducir la criminalidad, a pesar de ser conscientes de que históricamente esta táctica ha fracasado.
“Se insiste en la Declaratoria de Emergencia como gran estrategia para reducir la criminalidad, sabiendo que históricamente fracasó. Sin plan consensuado, tecnología, investigación criminal e inteligencia previa, el fracaso está asegurado. Y con las FFAA en Larcomar es una burla”, escribió.
Gobierno declaró estado de emergencia en Lima y Callao
El 17 de marzo de 2025, el gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao debido al aumento de la criminalidad en estas zonas. Esta medida, que durará 30 días, permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para garantizar el control del orden interno. Durante este período, se podrán suspender ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y de reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
