La congresista Karol Paredes, de Avanza País, presentó un proyecto de ley para que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) usen de forma obligatoria cámaras corporales para grabar intervenciones en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se requería tener este tipo de registros. Para ello se busca incorporar el artículo 43-A en el Decreto Legislativo 1267, Ley de la PNP.
De acuerdo a la propuesta, los equipos deberán activarse al inicio de la intervención y permanecer encendidas hasta que termine. Además, las grabaciones tendrán que ser almacenadas en un sistema “seguro, con acceso restringido y por un periodo de tiempo determinado”
Precisan, además, que la Policía capacitará de forma obligatoria a los efectivos sobre los usos y los protocolos. La institución también se encargará del mantenimiento periódico de los equipos para garantizar su funcionamiento y la calidad de las grabaciones.
Policías tendrán prohibiciones
También se establece que el “uso discrecional” de las cámaras corporales se permite en situaciones donde el o la policía considere que sea necesario para obtener pruebas o garantizar su seguridad o la de otros. Sin embargo, no podrán utilizarlas dentro de viviendas, en baños, vestuarios, vestidores, dormitorios, entre otros espacios protegidos por el derecho a la intimidad de las personas, a menos que haya una orden judicial. El registro en estas áreas no podrán ser consideradas como prueba en ningún tipo de proceso y en general, no podrán manipular o editar el material.
Por otra parte, solo podrán acceder a las grabaciones los miembros de la PNP, del Poder Judicial y el Ministerio Público, en el marco de investigaciones o procesos judiciales. No obstante, los ciudadanos podrán solicitar ver este material del cual formen parte. También menciona que el incumplimiento de lo dispuesto en esta norma se sancionará de acuerdo con el régimen disciplinario de la Policía.
La iniciativa de Karol Paredes sostiene, asimismo, que el uso de estos equipos se realizará de manera progresiva y que se priorizarán las zonas con alta incidencia delictiva del país, siguiendo el cronograma y los criterios que establezca el Ministerio del Interior.
El Mininter también tendrá que crear un reglamento que incluya protocolos de uso, almacenamientos y sanciones por el incumplimiento o mal uso de las cámaras. Finalmente, en un plazo máximo de 60 días hábiles, el Poder Ejecutivo deberá adecuar las disposiciones legales necesarias.
¿Se reduciría el crimen?
De acuerdo con la congresista de Avanza País, esta propuesta traería beneficios como la reducción de la corrupción policial, recuperación de la confianza en la PNP, la optimización del sistema de justicia, además de:
- Reducción del crimen: asegura que en Estados Unidos y Gran Bretaña han demostrado que el uso de cámaras corporales reduce entre 15% y 30% la incidencia de delitos violentos en áreas donde se implementan.
- Disuasión del uso excesivo de la fuerza, como reducir del 60% en denuncias por abuso policial.
- Impacto económico: afirma que se podría reducir costos en patrullaje y operativos policiales por mayor eficiencia.
Policía compró cámaras pero no las usa
Un informe de Punto Final expuso que cuatro millones de soles fueron destinados a la adquisición de cámaras corporales que permanecen sin uso en más de 100 comisarías del país. Estos dispositivos, conocidos como bodycams, fueron adquiridos entre 2021 y 2022 con el objetivo de registrar las intervenciones policiales de manera segura y confiable, pero hasta la fecha no han sido implementados en las labores diarias de los agentes.
De acuerdo con el reporte, entre sus principales ventajas, destaca que los videos capturados no pueden ser manipulados ni extraídos por medios externos, lo que garantizaría la integridad de las pruebas audiovisuales. Sin embargo, pese a estas cualidades, los dispositivos permanecen empaquetados y sin ser utilizados en las comisarías.
La Fiscalía inició una investigación contra exfuncionarios del Ministerio del Interior y contra Miguel Sanguinetti, propietario de la empresa proveedora Soluzioni Group S.A.C., por el presunto delito de colusión agravada. Esta empresa fue la encargada de suministrar las cámaras en dos licitaciones realizadas durante los años 2021 y 2022, por un monto total cercano a los cuatro millones de soles.
