El expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien enfrenta un juicio oral por orquestar un golpe de Estado en diciembre de 2022, no pudo asistir a la audiencia de este lunes debido a una crisis de salud, situación que fue confirmada por el médico legista encargado de evaluarlo.
Al inicio de la sesión, la asistenta judicial explicó que, 30 minutos antes de comenzar, recibió una comunicación del director del penal de Barbadillo, quien le informó que Castillo no deseaba asistir a la audiencia y solicitaba la presencia de un médico legista para ser examinado, quien llegó poco después.
Minutos más tarde, el médico legista detalló que, al momento de la evaluación, Castillo se “encontraba bajo los efectos de la medicación que se estaba suministrando en esos momentos”. Además, indicó que el exmandatario presentaba “signos y síntomas compatibles con una gastritis crónica reagudizada y lumbalgia aguda”. “Sobre todo, por lo segundo, es que se le estaba administrando la medicación en esos momentos”, agregó el galeno.
También destacó que, aunque Castillo mostró disposición para la evaluación, su estado general lo llevó a ser muy reservado en sus respuestas. “Era muy parco. Básicamente, todas las conclusiones se basaron en la evaluación física del paciente”, señaló.
Al ser consultado si el exgobernante podría trasladarse a la sala de audiencias, el médico respondió con precaución: “Diría que en estos momentos no, porque había ligera tendencia a la hipotensión, presión arterial por debajo de lo establecido (presión 9.5), pero al hacer un análisis más minucioso se determinó que era por la medicación que se le estaba administrando. Se recomienda que descanse por lo menos hasta que terminen la administración”, explicó.
“Estaba con facies adoloridas (...), tiene una expresión que demuestra dolor, el cual, mientras se le conversaba y se le realizaba el examen físico, asumía posiciones antálgicas, gestos de dolor. Sobre la lumbalgia, se debe evaluar para descartar que no sea un problema neurológico”, dijo. Asimismo, precisó que había visto al paciente solo 30 minutos antes de la audiencia.
Castillo, quien había anunciado que iniciaría una huelga de hambre el 10 de marzo, fue trasladado de urgencia la semana pasada al Hospital II Vitarte debido a una descompensación durante el juicio. Posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que había levantado su medida tres días después y que, desde esa fecha, recibía alimentos de manera regular.
El levantamiento de la huelga fue confirmado por Héctor Sandoval Moreno, director del penal de Barbadillo, quien indicó que el exmandatario había regresado al penal y estaba siendo atendido adecuadamente. Sin embargo, en sus redes sociales, Castillo insistió en que continuaba con la acción de protesta y volvió a tildar su proceso de “farsa judicial”.
Proceso
La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión en su contra por cargos rebelión después de haber anunciado el cierre del Congreso y la intervención del sistema judicial, además de la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto.
Junto a Castillo, también están siendo procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 25 y 15 años de prisión.
El juicio fue formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde el exjefe de Estado está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, día en que intentó dar el golpe mediante un mensaje a la nación.
Días atrás, otro médico informó que Chávez presentaba evidentes señales de golpes. “Como mujer y patriota, no se deja amilanar, pese a la tortura y la vulneración de sus derechos. En un país democrático no se tortura, no se intimida, no se coacciona”, afirmó su abogado, Raúl Noblecilla, a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter).
