El Poder Ejecutivo dio inicio a un nuevo estado de emergencia a menos de seis meses de haber aplicado la misma medida por la ola de extorsiones que amenaza al gremio de transportistas. Esta vez, la decisión ha sido motivada por el asesinato de Paul Flores, integrante de la histórica agrupación de cumbia Armonía 10.
El estado de emergencia inició durante la madrugada del martes 18 de marzo de 2025 y las cámaras de televisión confirmaron que la presencia de efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas no era visible. La urbanización Risso ubicada en el distrito de Lince es conocida por los crímenes perpetrados por las mafias de prostitución. A pesar de dicha situación, los agentes del orden no se hicieron presentes.
El Ministerio de Defensa compartió un video donde se visibiliza un gran número de soldados listos para patrullar las calles de Lima y Callao; sin embargo, los ciudadanos han recalcado que fue más notoria su ausencia.
La nueva apuesta del gobierno de Dina Boluarte tendrá una vigencia de 30 días y se aplicará solo en Lima y Callao. A pesar del anuncio de la medida, la ola delincuencial cobró la vida de tres ciudadanos durante la noche del 17 de marzo y las primeras horas del día siguiente.
La creciente ola de inseguridad se reflejó en las recientes encuestas que pedían la renuncia del ministro del Interior Juan José Santiváñez; sin embargo, recién con el asesinato del vocalista de Armonía 10 diversos congresistas se sumaron al pedido de censura del funcionario del gobierno.
La moción promovida por Susel Paredes consiguió las 33 firmas necesarias para su presentación y se espera que el jueves 20 de marzo el Pleno del Congreso atenderá el pedido. Durante las últimas horas, más parlamentarios han pedido la renuncia del titular del Miniter y se espera que su voz de reclamo se refleje al momento de votar la censura. Según un estudio de Ipsos publicado el 12 de marzo de 2025, el 83% de los peruanos considera que Santiváñez debería dejar su cargo, cifra que en Lima alcanza el 86%. Esta tendencia se mantiene en otras encuestas. Por ejemplo, un sondeo de Datum realizado entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2025 muestra que el 87% de los encuestados está a favor de la salida de Santiváñez del Ministerio del Interior.
Controversial medida
La declaratoria de estado de emergencia en Lima por inseguridad ciudadana implica la adopción de medidas extraordinarias por parte del Gobierno para restablecer el orden y la seguridad. Esta medida, contemplada en la Constitución del Perú, restringe temporalmente ciertos derechos y otorga facultades especiales a las fuerzas del orden.
Entre sus principales implicancias están:
- Suspensión de derechos constitucionales: Se pueden restringir derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, permitiendo allanamientos sin orden judicial y limitando manifestaciones públicas.
- Intervención de las Fuerzas Armadas: La Policía Nacional recibe apoyo del Ejército para patrullar calles, controlar puntos estratégicos y enfrentar organizaciones criminales.
- Operativos intensificados: Se incrementan los operativos en zonas de alta criminalidad, con mayor presencia policial y militar para disuadir delitos como robos, extorsiones y sicariato.
- Facultades especiales para el Gobierno: Las autoridades pueden tomar decisiones rápidas sin necesidad de procesos burocráticos habituales, agilizando acciones contra la delincuencia.
- Impacto en la población: Si bien busca mejorar la seguridad, también genera preocupación por posibles abusos de autoridad, restricciones excesivas y militarización de la ciudad.
Diversos especialistas han cuestionado la aplicación del estado de emergencia dado los pocos cambios alcanzados en el pasado. En septiembre de 2024, el gobierno de Dina Boluarte puso en marcha la medida a pedido del gremio de transportistas. A pesar de las prórrogas efectuadas, choferes, cobradores y pasajeros arriesgan su vida todos los días.
