El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, subrayó la necesidad urgente de reorganizar la Policía Nacional de Perú (PNP) debido al "deterioro institucional" que enfrenta, agravado por un manejo inadecuado, favoritismo político y la falta de recursos.
En declaraciones a Willax, Salhuana explicó que la situación actual de la PNP ha provocado la descomposición de la fuerza, con vehículos destartalados, comisarías en malas condiciones y la falta de compra de armas en los últimos años.
“Hay mucho favoritismo e influencia política. Ello nos lleva a que haya vehículos (policiales) destartalados, comisarías en malas condiciones, no se compran armas en años (…) Se impone una reorganización de la Policía Nacional, pero además una mirada integral del sistema de justicia: Poder Judicial y Ministerio Público“, afirmó Salhuana.
El presidente del Congreso también criticó el esquema legal vigente en el país, que según él, en ocasiones favorece a los delincuentes y no protege adecuadamente a los agentes de policía. “Existe un esquema legal que privilegia a veces defender al delincuente y no proteger al policía que hace uso de su arma defendiendo al ciudadano, a la sociedad”, manifestó.
A su juicio, la situación requiere una reforma integral del sistema de justicia, que no solo contemple a la Policía, sino también al Poder Judicial y al Ministerio Público. El presidente del Congreso recordó que ya hay una decisión política en el Congreso para emprender la reforma judicial, pero reconoció que el proceso se ha retrasado. “Creo que nos estamos retrasando un poco. Yo espero esta semana convocar a los voceros porque creo que esta reorganización o reingeniería tiene que hacerse rápidamente”, subrayó.
En medio del creciente clima de inseguridad en el país, el titular del Parlamento expresó su preocupación por el avance de la criminalidad, que se vio reflejada en el asesinato de Paul Flores, vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, quien fue víctima de un tiroteo en su autobús la madrugada del sábado al domingo. “Este lamentable caso tiene que llevar a una reflexión profunda de lo que está sucediendo en el país, en referencia al avance de la criminalidad”, señaló.
Sobre la creciente presión parlamentaria para pedir la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Eduardo Salhuana comentó que las bancadas parlamentarias se están pronunciando sobre el tema y que el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión sobre la permanencia del ministro. Varios grupos de congresistas presentaron mociones de censura, argumentando que Santiváñez ha mostrado incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra el crimen.
Estado de emergencia en Lima y Callao
En medio de todo esto, el Gobierno declaró este lunes oficialmente el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia de Callao, una área metropolitana que alberga a un tercio de la población peruana, como respuesta a la creciente ola de criminalidad en la capital. La medida, firmada por la presidenta Dina Boluarte, también contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control del orden interno.
El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, establece que el estado de emergencia tendrá una duración de 30 días y restringirá temporalmente varios derechos constitucionales, incluidos la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Esta acción fue motivada por el asesinato del cantante Paul Flores.
El decreto también especifica que el Ministerio del Interior se encargará de coordinar las acciones requeridas por otras instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otras. Además, se convocará una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) este martes para abordar la situación y discutir una reforma del sistema penitenciario.
La decisión del Gobierno también ha generado reacciones en el Congreso, donde varios grupos parlamentarios, de diferentes espectros políticos, han expresado su disposición a apoyar una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a su manejo de la seguridad. Sin embargo, el Gobierno ha defendido la gestión de Santiváñez.
El estado de emergencia en Lima y Callao no es una medida inédita. Desde el final de la pandemia, el Gobierno ha adoptado varias veces esta estrategia, siendo la última en septiembre de 2024, cuando se declaró el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao ante las denuncias de extorsión por parte de los transportistas urbanos.
