Diversas organizaciones de prensa alertaron este viernes 14 de marzo sobre la reciente aprobación en primera votación de un proyecto de ley del Congreso que modifica el Código Penal y la normativa sobre el derecho de rectificación, endureciendo las sanciones por difamación y estableciendo nuevas restricciones para los medios de comunicación.
A través de un pronunciamiento conjunto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresaron su preocupación por los efectos que esta norma podría tener en la labor periodística, advirtiendo que su aprobación definitiva afectaría gravemente la libertad de prensa en el país.
¿Qué plantea la norma y por qué preocupa a la prensa?
El proyecto de ley, que agrupa los proyectos 4431/2022 y 6718/2023, eleva las sanciones por calumnia y difamación en investigaciones periodísticas sobre presuntos delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.
Los proyectos fueron presentados por la congresista del Bloque Magisterial Katy Ugarte (investigada por el caso ‘Mochasueldos’) y Segundo Montalvo (Perú Libre).
Según el comunicado de las organizaciones de prensa, la propuesta legislativa viola principios fundamentales de libertad de expresión e información, y parece estar diseñada para amedrentar a periodistas y comunicadores que realizan investigaciones sobre hechos de interés público.
Entre las modificaciones más cuestionadas se encuentran:
- Aumento de penas por difamación: La sanción se incrementa hasta cinco años de cárcel y una multa equivalente a 365 días de ingresos. Además, se otorga a los jueces la facultad de imponer reparaciones civiles a favor del denunciante.
- Incorporación del delito de violación a la intimidad dentro de la difamación: Esta modificación es calificada como antijurídica por los gremios periodísticos, ya que podría restringir la difusión de investigaciones sobre corrupción y otras irregularidades en la función pública.
- Reducción del plazo para atender solicitudes de rectificación: La norma disminuye el tiempo de respuesta de siete días a solo un día, dificultando la verificación de la información publicada. Además, impone la obligación de difundir la rectificación hasta por tres días consecutivos, lo que se considera una medida desproporcionada.
Las organizaciones firmantes del comunicado han señalado que estas disposiciones no cumplen con los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y constituyen un serio riesgo para el ejercicio del periodismo en el país.
¿Cuál es el trasfondo del proyecto de ley?
Los impulsores de la iniciativa argumentan que busca proteger el honor y la intimidad de las personas ante posibles excesos en el ejercicio periodístico. No obstante, los gremios de prensa advierten que el verdadero propósito de la norma podría ser silenciar investigaciones sobre funcionarios públicos y otras personas de interés público.
En los últimos meses, diversos medios de comunicación han revelado presuntos casos de corrupción y abuso de poder dentro del Congreso y otras entidades del Estado. Por ello, especialistas y defensores de la libertad de prensa consideran que este proyecto de ley podría ser una reacción de ciertos sectores políticos ante el creciente escrutinio mediático.
El comunicado también señala que la propuesta del Congreso recorta severamente los derechos de defensa y debido proceso, al imponer plazos y condiciones que dificultan la labor informativa de los medios de comunicación.
Para que esta norma entre en vigencia, aún falta una segunda votación en el Pleno del Congreso. En caso de ser aprobada nuevamente, pasará al Ejecutivo, que podrá promulgarla o devolverla para su revisión.
En ese sentido, las organizaciones de prensa han exhortado al Congreso a analizar detenidamente las implicancias de esta norma y garantizar que no se vulneren derechos fundamentales. También han advertido que, bajo el pretexto de proteger derechos individuales, el proyecto de ley atenta contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
