A solo dos días que comience el año escolar en Perú, programado para el lunes 17 de marzo, 700 escuelas particulares vienen siendo extorsionadas en Lima Metropolitana. Asociaciones han anunciado que podrían movilizarse por las principales calles de la ciudad, junto con padres, madres, apoderados y maestros, para exigir una solución a este problema.
En declaraciones para La República, Alfonso Dávila, abogado de la Asociación de Colegios Privados en Lima, solo en la capital hay un millón de alumnos, de los cuales, la mitad estudia en este tipo de establecimientos.
Mónica Fuentes, presidenta de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa) explicó que esta situación “está generando que las familias dejen de confiar la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela”. Además, señala que dueños y directores de instituciones educativas se han visto obligados a ordenar la virtualidad de las clases, aunque esta modalidad no reúna “todas las condiciones” necesarias en beneficio de los menores.
“Ellos necesitan el contacto con la naturaleza, el contacto entre ellos. Mandar a la virtualidad, vernos forzados a ello, significa cortarles grandes oportunidades a nuestros niños y adolescentes”, aseveró en diálogo con RPP.
También dijo que para afrontar esta problemática que viven las escuelas, se viene haciendo un trabajo conjunto con las municipalidades distritales y con la Policía Nacional del Perú para utilizar las cámaras de seguridad, tener seguridad tanto externa como interna y seguir un protocolo sobre el ingreso de personas extrañas.
“Ningún proceso de aprendizaje va a ser bueno, mientras la salud emocional de nuestros estudiantes se vea afectada. Si los padres comienzan a tener temor, de mandar a sus hijos a las escuelas, los niños también van a percibir ese temor”, recuerda.
Las consecuencias en la educación
En entrevista con Infobae Perú, José Luis Gargurevich, exviceministro de Educación, aclaró que la extorsión no debería generar desconfianza en las familias de los alumnos frente al sistema, ya que se le estaría diciendo a los estudiantes que el Estado no puede protegerlos.
“Hay que trabajar fórmulas más comunitarias, intersectoriales a nivel local”, sostiene. En ese sentido, menciona que se podrían recuperar los Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), donde la autoridad local pueda dialogar con las organizaciones sociales sobre el rol de cada uno en la lucha contra la inseguridad.
Para el entrevistado, las instituciones particulares podrían aprender algunas prácticas de los colegios públicos, como las referentes a la participación de los padres de familia y de la comunidad.
“No es tan relevante aumentar su inversión en una seguridad, o en tres o en cinco, en la puerta de la escuela, porque lo que está sucediendo no está sucediendo en la puerta de la escuela, sino entre el extorsionador y el dueño. Entonces, no es una empresa privada de seguridad la que va a poder disminuir el riesgo, sino la inteligencia policial”, manifestó.
Policías en los ingresos
Ante las denuncias de los colegios particulares, el ministro de Educación, Morgan Quero, indicó que su cartera se encuentra elaborando un plan para garantizar el regreso a clases. Como parte de este plan, más de 3.000 policías resguardarán las entradas y salidas de estas instituciones.
No obstante, Gargurevich afirma que este tipo de medidas no toman en cuenta que una extorsión no sucede en los ingresos a los establecimientos, sino en las llamadas telefónicas donde se amenaza.
El exviceministro precisa que los colegios particulares pueden hacer acuerdos con la PNP para resguardar las entradas, aunque esto resulta insuficiente.
“El patrullaje o el policía en la puerta es una medida donde se necesita articular con otros actores a nivel local, tanto que la policía se especialice, digamos, en términos más de investigación, de inteligencia, para encontrar a los extorsionadores y a quienes extorsionan, porque no extorsionan a la escuela, sino que presionan al dueño de la escuela (...). La escuela es un efecto colateral y por supuesto, un detonador de miedo al instante”, subrayó. “Creo yo que la medida hay que enfocarla más hacia el lado de la inteligencia y buscar al extorsionador en su vínculo con el dueño del colegio”, propuso.
Poder Ejecutivo no tenía un plan
En Lima Norte, los casos de extorsión siguen en incremento. En horas de la madrugada del jueves 13 de marzo, delincuentes arrojaron un explosivo en el frontis del colegio Nikola Tesla, en Comas. Esto provocó daños a la infraestructura y causó temor en la comunidad educativa.
Casos como estos se han venido presentado en lo que va del 2025. El presidente de la Asociación de Colegios Particulares del Perú, Guido Quintanilla, afirmó a Exitosa que las autoridades comenzaron a elaborar estrategias para garantizar la seguridad de los escolares cuando el año escolar ya había iniciado.
“Nuestras autoridades no tenían un plan para el inicio del año académico. Los colegios privados iniciaron clases el 3 de marzo, y muchos otros, el 10 de marzo. Sin embargo, en ese momento, aún no contaban con un plan de seguridad”, sostuvo.
