El Congreso de la República aprobó el pasado miércoles una moción que califica al Tren de Aragua como una organización terrorista, una decisión que marcaría un giro en la forma en que el país enfrentará a este grupo criminal internacional. Con 77 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el pleno legislativo peruano dio luz verde a una iniciativa presentada por la bancada del partido Fuerza Popular, cuyo objetivo es reconocer oficialmente la amenaza que representa esta la denominada megabanda transnacional, responsable de numerosos delitos violentos y actividades ilícitas en la región.
La declaración del Tren de Aragua como una organización terrorista en Perú no es solo una cuestión simbólica, sino que tiene profundas implicaciones tanto en la política interna como en la cooperación internacional, de acuerdo a algunos legisladores.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por ejemplo, destacó la importancia de la moción, al señalar que la decisión refleja una voluntad política clara frente a las amenazas que representan grupos como este.
Según Salhuana, “quienes generan alarma, quienes arrojan una dinamita, quienes atentan contra la vida de seres humanos en el Metropolitano, en los terminales terrestres, atacan a los transportistas, deben ser tildados y tipificados como actos de terrorismo”.
En su opinión, este tipo de delitos no solo afectan la seguridad de los ciudadanos, sino que también tienen un impacto negativo en la economía del país, al generar miedo e incertidumbre en los sectores productivos y comerciales.
Sin embargo, no todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo con esta medida. Legisladores de izquierda, como Alex Flores y Guillermo Bermejo, expresaron su escepticismo sobre la efectividad de esta iniciativa, calificándola de “simbólica”.
Para Flores, “de nada va a solucionar declarar como una organización terrorista a una banda criminal. Lo que debemos hacer es enfrentar a la criminalidad a través de una estrategia política”. En tanto, Bermejo consideró que la moción no abordará las raíces del problema ni proporcionará soluciones prácticas para la lucha contra el crimen organizado en el país.
Por su lado, el congresista José Cueto argumentó que la decisión no solo consiste en un cambio de denominación, sino en un ajuste profundo en la estrategia de seguridad. Sugirió que, al clasificar al Tren de Aragua como un grupo terrorista, el Estado peruano podría recurrir a las Fuerzas Armadas, lo que permitiría un enfoque más contundente en el combate contra este grupo.
“Cuando tú le agregues ahí el tema económico, calzan ahí todos”, explicó Cueto, refiriéndose a la posibilidad de que el gobierno peruano reciba incluso ayuda internacional para luchar contra el terrorismo. De esta manera, el Tren de Aragua no solo sería considerado un actor criminal, sino una amenaza directa a la seguridad nacional, lo que justificaría el uso de recursos y estrategias militares para su desarticulación, en palabras del parlamentario de la bancada de Honor y Democracia.
Contexto internacional
La implicancia de esta decisión se extiende más allá de las fronteras peruanas. En el contexto internacional, el canciller Elmer Schialer ya había sugerido ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Tren de Aragua sea considerado una organización terrorista.
Durante su intervención, Schialer destacó la amenaza que representa no solo para Perú, sino también para otros países de la región como Colombia, Chile y Bolivia. Según el canciller, “es prioritario para la agenda hemisférica de política exterior peruana que la megabanda venezolana y otros grupos similares sean considerados como organizaciones terroristas”.
En cuanto a la legislación interna, el gobierno peruano ha tomado medidas adicionales para abordar la violencia generada por el crimen organizado. En octubre de 2024, la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley que propone calificar como “terrorismo urbano” delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato. Esto respondería a las crecientes denuncias de sectores productivos, como el transporte y el comercio, que han sido víctimas de extorsiones y actos de violencia en diversas regiones del país.
A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y el Parlamento, algunos críticos consideran que la clasificación del Tren de Aragua como grupo terrorista podría tener poco impacto real en la reducción de los crímenes perpetrados por esta organización.
Semanas atrás, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior han asegurado que gran parte de la estructura del Tren de Aragua ya ha sido desarticulada en el país, con la captura de varios de sus principales líderes, quienes se encuentran recluidos en la prisión de máxima seguridad de Challapalca, en el sur de Perú. A pesar de estos avances, las autoridades continúan enfrentando desafíos para erradicar las redes de extorsión, explotación sexual y narcotráfico vinculadas a este grupo.
En varios países de América Latina, el Tren de Aragua ha operado con relativa impunidad, lo que resalta la necesidad de una respuesta más coordinada entre las naciones para frenar la expansión de estos grupos criminales. Para expertos en seguridad, a nivel internacional, la lucha contra el crimen organizado transnacional sigue siendo un reto complejo que requiere de un enfoque multilateral, con un énfasis en la cooperación policial y judicial, así como en el fortalecimiento de las capacidades de los Estados.
La reciente decisión del Congreso peruano abre un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado, pero también plantea la pregunta de si esta estrategia será suficiente para terminar de contener los rezagos del Tren de Aragua.
