El político español Enrique Santiago Romero, diputado de la coalición Sumar, ha enviado una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que denuncia lo que considera una “obstaculización” de la defensa legal de Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú. En la misiva, Santiago Romero solicita que se tomen medidas para garantizar los derechos humanos del exmandatario y se ponga fin a lo que él califica como “detención arbitraria”. Castillo Terrones enfrenta un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, derivados de su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
En su misiva enviada a la ONU, Santiago Romero, quien representa a la provincia de Córdoba en el Congreso español y es líder del Partido Comunista de España desde 2018, asegura que la defensa del expresidente ha sido injustamente limitada desde el inicio del juicio, debido a la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú de asignar defensores públicos a Castillo en contra de su voluntad. El exmandatario había rechazado a los abogados privados previamente asignados y, tras la designación de un defensor público, este renunció alegando falta de respeto hacia su persona por parte de Castillo. Según el diputado español, esta situación ha dificultado la posibilidad de que Castillo ejerza su derecho a una defensa efectiva en el juicio.
Asimismo, el diputado acusó al Congreso de la República del Perú de interferir en el proceso judicial de Castillo para su propio beneficio, lo cual, según su opinión, está socavando la imparcialidad y la autonomía de los jueces encargados del caso. “Existen denuncias acerca de las continuas injerencias del Congreso de la República en el sistema judicial, quebrando así su independencia e imparcialidad”, se lee en la misiva.
Presuntos malos tratos hacia Castillo
La situación de Pedro Castillo se ha vuelto crítica después de su reciente anuncio de iniciar una huelga de hambre, que comenzó el pasado lunes 10 de marzo de 2025, como protesta por el presunto maltrato recibido en prisión y las condiciones de su juicio. En su carta, Santiago Romero asegura que la huelga de hambre de Castillo es una respuesta a la “violación sistemática de los derechos humanos” que, según el exmandatario, ha sufrido durante su detención.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por su parte, ha respondido a las acciones de Castillo iniciando un proceso administrativo disciplinario en su contra por la falta derivada de la huelga de hambre. Esta medida implica que Castillo será aislado y que se suspenderán las visitas en su contra, lo que ha generado más tensiones alrededor de su situación. Este 12 de marzo, el congresista peruano Roberto Sánchez, quien había sido excluido del juicio oral contra Castillo, confirmó que pudo visitar al expresidente en prisión, a pesar de las medidas adoptadas por el INPE, y observó que Castillo sigue decidido a continuar con su protesta.
Según Santiago Romero, el aislamiento y la prohibición de visitas violan las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de las Naciones Unidas, que exigen un trato digno para todas las personas privadas de libertad. Asimismo, añadió: “Los hechos denunciados podrían suponer una violación de los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2, 5, y 12)”. En este contexto, el diputado español solicitó una intervención urgente de la ONU para mediar con el Gobierno peruano y asegurar que se respete la legalidad del proceso y los derechos humanos de Pedro Castillo.
Castillo “sufrió leve deshidratación” por huelga de hambre, pero está “clínicamente estable”
El expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, ha sido diagnosticado con “ligera deshidratación” tras iniciar una huelga de hambre como protesta por el juicio en su contra por presunta rebelión, tras su intento de golpe de Estado a fines de 2022. Durante una audiencia celebrada este martes, dos miembros del personal de Medicina Legal del Ministerio Público realizaron un examen físico al exmandatario, concluyendo que su estado de salud era “clínicamente estable” a pesar de la deshidratación leve. El diagnóstico fue formalizado en el correspondiente certificado médico.
Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Lima, ha criticado el proceso judicial que enfrenta, acusando al sistema peruano de actuar en su contra de manera arbitraria. El exmandatario, quien fue destituido por el Congreso tras su intento de autogolpe, sostiene que no ha cometido los delitos de los que se le acusa, y ha rechazado la aplicación de cargos como la rebelión, que, según él, se están interpretando de manera equivocada.
