Edgar Callahuanca, el abogado designado por la defensa pública para Pedro Castillo, renunció este martes (11.03.2025) debido a la “pérdida de confianza” y la “falta de respeto” que considera ha tenido el expresidente hacia su persona.
En una carta leída durante la tercera audiencia del juicio, Callahuanca explicó que Castillo había sido renuente a mantener comunicación con él, señalando que el exgobernante no deseaba su participación en el proceso judicial. Además, lo acusó de haberlo grabado sin su consentimiento en la audiencia anterior.
El expresidente, al inicio de la audiencia, rechazó el juicio al calificarlo de “político” y volvió a negar la legitimidad de su defensa pública, afirmando: “rechazo este juicio político y rechazo la defensa pública”.
Esta postura de Castillo se produce en un contexto donde enfrenta una pena de hasta 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, luego del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Dado que Castillo no acreditó a un abogado en el juicio, el tribunal asignó a dos nuevos abogados públicos para continuar con su defensa. La situación dejó claro que la relación de confianza entre Callahuanca y el acusado estaba irremediablemente rota.
El testimonio de Gustavo Bobbio
Durante la audiencia, también compareció el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, quien confirmó que, el día del intento de golpe, estuvo reunido con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Bobbio relató que los militares no estaban al tanto de las intenciones de Castillo y que el entonces presidente no había transmitido sus planes a sus ministros.
El testimonio de Bobbio también incluyó detalles de su encuentro con Castillo en el Palacio de Gobierno minutos antes de su discurso televisado, cuando el expresidente estaba, según el exministro, “temblando un poco”. Castillo fue destituido poco después por el Congreso y detenido mientras intentaba huir hacia la Embajada de México con su familia.
Pedro Castillo anuncia huelga de hambre
En paralelo a estos desarrollos judiciales, Pedro Castillo comenzó una huelga de hambre el lunes 10 de marzo, protestando por lo que considera una detención ilegal y un juicio injusto.
En una carta publicada en su cuenta de la red social X, firmada por él como “presidente en cautiverio”, Castillo denunció que está “recluido injustamente” por hechos que asegura “nunca cometió”. En la misiva, también expresó su rechazo al tribunal que lo procesa, al señalar que la jueza ha “adelantado opinión” y que el delito de rebelión le fue imputado de manera forzada.
Castillo señaló que el tribunal ya ha emitido su condena antes de concluir el juicio, por lo que decidió iniciar la huelga de hambre como un acto de protesta ante las injusticias que considera se están cometiendo contra él. El abogado Walter Ayala, quien firmó la carta junto a Castillo, confirmó que representa al expresidente en este proceso y que el exmandatario está exigiendo un cambio en el tribunal que lo procesa, aunque la sala ya rechazó la recusación presentada contra una de las magistradas.
En declaraciones a la emisora RPP, Ayala criticó la acusación de rebelión argumentando que el intento de autogolpe de Estado no se concretó debido a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas, y que no hubo un alzamiento armado. Además, afirmó que buscan llamar la atención de organismos internacionales como la ONU y la OEA para garantizar los derechos de Castillo durante el juicio.
Desde su detención, Pedro Castillo permanece en el penal de Barbadillo, en Lima, donde se encuentra procesado junto a varios exfuncionarios de su gobierno, incluyendo dos de sus primeros ministros y exjefes policiales.
