El Estado peruano podría perder la oportunidad de recuperar más de 42 millones de dólares asociados al expresidente Alejandro Toledo, debido a un proyecto de ley que modifica el marco legal para la extinción de dominio. Así lo advirtió el Ministerio Público hoy, miércoles 12 de marzo, a través de un mensaje publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
Esta nueva propuesta normativa, impulsada en el Congreso de la República, pone en riesgo el proceso judicial que investiga la procedencia ilícita de varios bienes de Toledo y su familia, por lo que la Fiscalía decidió hacer pública la advertencia.
El proyecto de ley 3577/2022-CR, que ya fue aprobado en diciembre pasado en primera votación por el Congreso, busca modificar el Decreto Legislativo 1373, que establece el procedimiento de extinción de dominio en el país. Esta normativa permite que el Estado recupere bienes adquiridos con recursos de origen ilícito, sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria previa.
No obstante, la propuesta incluye una serie de modificaciones que, de ser aprobada definitivamente, impedirían que los bienes vinculados al exmandatario peruano sean incautados antes de que exista una sentencia firme, lo que afecta directamente la posibilidad de recuperar el dinero relacionado con la corrupción.
Según la Fiscalía de la Nación, esta modificación podría dejar sin efecto las acciones legales que se llevan a cabo en este momento contra los bienes de Toledo, así como las diligencias vinculadas a la investigación de los activos que el expresidente y su círculo cercano adquirieron, presuntamente, con dinero proveniente de sobornos.
Este nuevo proyecto establece que la extinción de dominio solo aplicaría en casos donde haya una sentencia penal firme y consentida. Al entender del Ministerio Público, esto dificultaría las investigaciones, ya que actualmente existen evidencias suficientes para avanzar con la incautación de los bienes, aunque aún no haya una sentencia final por este caso.
Los bienes que se encuentran bajo investigación incluyen diversas propiedades inmobiliarias ubicadas en zonas exclusivas de Lima, como Las Casuarinas, Punta Sal y Camacho, así como unidades en la Torre Omega. Estos inmuebles están valorados en más de 5 millones de dólares (USD 5,126,716.14) y son parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.
Para las autoridades, los pagos ilegales realizados por empresa extranjera habrían sido canalizados para favorecer a Toledo en la adjudicación de proyectos de infraestructura, como el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil (IIRSA Sur), que fue objeto de una trama de corrupción que causó un gran perjuicio al Estado peruano.
Además de las propiedades inmobiliarias, la investigación también incluye una suma de dinero de 42,237.70 dólares que se encuentra depositada en una cuenta bancaria a nombre de Eva Rose Fernenbug, suegra de Toledo. El Ministerio Público ya señaló que estos fondos provienen de los sobornos recibidos por el expresidente, lo que refuerza las sospechas de que los bienes adquiridos por él y su familia tienen un origen ilícito.
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima lleva adelante este proceso judicial. La fiscalía se encuentra recopilando pruebas para determinar si los bienes fueron adquiridos mediante actividades ilícitas, como el lavado de activos y otros delitos contra la administración pública.
Mientras tanto, la situación judicial de Alejandro Toledo continúa siendo compleja. Tras su condena por colusión y lavado de activos, el exmandatario se encuentra recluido, cumpliendo una pena de 20 años y seis meses de prisión. El caso en su contra se basa en testimonios de testigos clave, como Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, quien declaró que Toledo solicitó de manera reiterada pagos de sobornos a la empresa brasileña a cambio de la adjudicación de obras viales.
Según las autoridades, Toledo recibió 35 millones de dólares en sobornos a través de Josef Maiman, su amigo cercano y socio de negocios, quien también se encuentra implicado en la trama de corrupción. Estos pagos fueron realizados en el contexto de la ejecución de la Carretera Interoceánica, un proyecto de infraestructura que, según los fiscales, fue inflado de manera fraudulenta y que finalmente perjudicó al Estado peruano.
De ser aprobado el proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, el proceso judicial de extinción de dominio sobre los bienes vinculados a Toledo podría verse afectado. La Fiscalía teme que esto impida la recuperación de una gran suma de dinero.
