Sergio Hung Quiero, abogado de la Fiscalía, quien fue acusado por su propia madre de haberla desalojado de su vivienda, se pronunció sobre la situación. En su mensaje, el hombre de 42 años explicó que Pascuala del Carmen Quiero, de 81 años, a quien se refiere como su “progenitora”, no cumplió con el rol maternal y los abandonó cuando él y sus hermanos eran niños. De esta manera, justificó haber contratado a desconocidos para echarla a la calle, pese a que ella es también propietaria del inmueble.
“Ella no es mi madre, es mi progenitora. Nos abandonó, nos dejó a los hermanos a cargo de mi hermana Julia, quien falleció a los 44 años con retardo mental severo”, relató en un mensaje enviado a ATV Noticias. Según añadió, en ese entonces, él y su familia tuvieron que encargarse del cuidado de su hermana, que requería atención constante debido a su condición, y de su padre, quien sufrió dos infartos y un derrame cerebral.
“La señora Pascuala estaba en Chile con otra pareja. Sin embargo, al enterarse que mi padre falleció y aprovechando que con mi familia nos encontrábamos fuera, colocó cadenas en mi domicilio el 31 de octubre del año 2016″, refiere el hijo de la adulta mayor y añade que debido a este hecho, la denunció y logró que el Poder Judicial sentenciara a su madre con cuatro años de prisión por usurpación agravada y un pago de indemnización de 4.000 soles por daño moral.
En su mensaje, Sergio también denunció que ha enfrentado falsas denuncias interpuestas por su madre en el Juzgado de Familia, todas archivadas con el fin, según él, de hacerle la vida imposible. “Ahora estoy teniendo un descrédito social”, expresó en su texto.
La echó a la calle pese a que es propietaria del 50% de la casa
La señora Pascuala, de 81 años, pasó su segunda noche consecutiva viviendo en la calle, tras ser desalojada de su vivienda por “matones” que su hijo contrató, según refirió. La adulta mayor, quien padece diabetes y otras enfermedades, ha estado durmiendo en la intemperie, y ayer fue atendida por una ambulancia debido a la falta de insulina y al impacto emocional de no poder ingresar a su domicilio.
“Esta es mi casa donde vivo desde hace 60 años. Yo la compré antes que mi hijo naciera. Yo los procreé acá. ¿Cuánto les ha costado la casa a ellos? Que me digan cuánto les costó, porque yo la compré con mi marido en préstamo hipotecario, y ahora se vienen a adueñar de toda la casa”, dijo ayer la adulta mayor en un enlace en vivo con el noticiero.
Su nueva abogada explicó que el desalojo no fue el resultado de un proceso civil, sino de un proceso penal por el delito de usurpación. Según relató, al regresar de visitar a un familiar en Chile, la adulta mayor encontró que su hijo había cambiado las chapas de la casa, lo que motivó que ella colocara nuevas cerraduras. Sin embargo, su hijo la denunció por usurpación. La abogada cuestionó cómo los fiscales y jueces permitieron este desalojo, a pesar de que la señora es copropietaria del 50% de la vivienda, y recordó que la Constitución peruana protege a los adultos mayores.
“¿Cómo es posible que un fiscal solicite y avale esto? ¿Y cómo es posible que el juez penal le autorice? ¿Y que sean tres jueces penales los que lo confirmen, cuando la Constitución Política del Perú señala que se debe proteger a la persona adulta mayor y a la familia? ¿Cómo han podido los jueces confirmar esta sentencia?”, mencionó la abogada.
La letrada también subrayó que el proceso debería haber considerado el espacio que le corresponde a Pascuala, quien fue desalojada de toda la propiedad, a pesar de ser copropietaria. Además, destacó que este caso se encuentra bajo revisión y que se buscará impugnar la sentencia o presentar una acción constitucional para que la señora regrese a su hogar y deje de vivir en la calle.
