Tercer día del juicio oral contra Pedro Castillo y su actitud es cada vez más ofensiva. Calificó el proceso de una pantomima, anunció una huelga de hambre e insultó a la jueza Norma Carbajal llamándola “la Herodías de esta sala”. Incluso, el defensor asignado ante su rechazo a contar con un representante legal renunció alegando una relación “insostenible”. Aunque todo ello podría tomarse como una simple renuencia frente a lo que considera injusto, se trataría de algo mucho más pensado: una estrategia internacional.
Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala y embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, lo calificó de esa manera al recordar que su defensa elevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el exjuez de la corte interamericana Eugenio Raúl Zaffaroni, su abogado internacional Guido Croxatto y ciertos abogados que se han referido al caso "han dicho que este juicio no tiene ni pies ni cabeza".
“Él tiene una estrategia internacional, además han dicho que han presentado un tema ante la Corte, con lo cual la idea de entreverar el juicio o petardearlo puede ser una forma de decir ‘miren la arbitrariedad a la que me está conduciendo este proceso que inclusive me han puesto un defensor de oficio que no acepto’. [...] Decirles provisional es parte de la narrativa que seguramente va a plantear ante la Comisión Interamericana”, mencionó en entrevista con Canal N.
En ese sentido, cuestionó el respaldo de la izquierda latinoamericana por parte de presidentes como Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México), al considerar que el principal problema es que no entienden lo que pasó en el Perú: “No entender lo que es un golpe de Estado o la posibilidad de un quebrantamiento constitucional sí es delicado”.
“Si bien no se llegó a concretar, todos los peruanos tenemos derecho a saber la verdad de lo que pasó en ese episodio porque no solamente es que él se puso de acuerdo con las personas que han participado en este acuerdo de voluntades para cometer este delito de rebelión sino qué otros actores… si hubo gente de las Fuerzas Armadas que fueron convocados o partícipes en una reunión en este sentido“, agregó.
Explicó que, pese a la negativa del exmandatario, Castillo Terrones debe “entender que este es un proceso judicial que está llevándose con todos los elementos de la tutela procesal efectiva con un juicio de jueces independiente y con las garantías”. “Las audiencias nos van a ir diciendo cómo fueron estos casos, pero hay que someterse al proceso y si no quiere igual tendrá que hacerlo. El hecho de que tenga un defensor público es parte de las garantías del debido proceso que el Estado le otorga que funciona acá y en todos lados”, sentenció.
PJ admite a trámite hábeas corpus a favor de Pedro Castillo
El Sexto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus interpuesta por el expresidente José Pedro Castillo Terrones contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Según el documento oficial, la acción busca responder a la presunta vulneración del derecho a la libertad personal, el debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y una defensa eficaz.
En su demanda, solicita la “nulidad del auto de instalación del juicio oral” fechado el 4 de marzo de 2025, correspondiente al expediente judicial N° 00039-2022-53-5001-JS-PE-01, en el que se le procesa por el presunto delito de rebelión, entre otros cargos. Además, pide “la nulidad de todo lo actuado en la etapa de juzgamiento” del mencionado caso. Finalmente, exige que el Poder Judicial nombre un nuevo colegiado supremo “a fin de que se avoque al conocimiento” del proceso en cuestión.
El argumento central de la demanda se basa en que la composición actual del tribunal carece de imparcialidad. Cuestionan particularmente a la jueza suprema Norma Carbajal Chávez, integrante del colegiado demandado. Según el exmandatario, la magistrada habría “adelantado opinión” en el recurso de apelación N° 256-2022/SUPREMA, en cuyo fundamento 7 señaló que “el delito de rebelión se puede dar sin el uso de armas... cuando se participa de labores que coadyuven a la naturaleza final del delito”. Castillo sostiene que este antecedente compromete su derecho a un juicio justo e imparcial.
