Se cumple una semana del incendio originado en un almacén de plásticos en Barrios Altos. Los bomberos han trabajado sin descanso, pero pese a sus esfuerzos, aún no logran extinguir por completo los focos del siniestro. El gobierno ha dispuesto declarar en estado de emergencia la zona afectada. La medida busca asegurar una intervención inmediata de las autoridades y proporcionar apoyo rápido a las personas damnificadas.
Sin embargo, surge la interrogante de por qué la Municipalidad Metropolitana de Lima no cumplió con su función de fiscalización y no clausuró definitivamente el edificio. La respuesta radica en el Congreso de la República. El vocero de la MML, Mario Casaretto, explicó que la norma aprobada por el Parlamento obliga a la municipalidad a levantar la clausura en un plazo máximo de 48 horas.
“La MML cumple con multar, clausurar la obra. Ya no se puede intervenir, porque hay argucias legales, que ahora, se están recién dando cuenta, que se generó una ley, que tú puedes clausurar y dos días tienes para levantar la clausura. Esa ley se tiene que corregir y recién algunos congresistas la perciben de esa manera”, señaló en una entrevista con el programa de streaming Beo noticias.
La norma mencionada por Casaretto es la Ley N.º 31914, aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en octubre de 2023. Esta medida limita el cierre de establecimientos únicamente a las áreas de riesgo y establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas, lo que reduce significativamente los controles de seguridad.
De hecho, fue esta misma ley la que limitó la fiscalización del Real Plaza Trujillo y estuvo en el centro de la polémica tras la tragedia en el centro comercial por el colapso del techo del patio de comidas que dejó al menos seis muertos y más de ochenta heridos.
Almacenes clandestinos operan sin control en el centro de Lima
Casaretto indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima está “atada de manos”, pues además de la norma del Congreso, los comerciantes y dueños de estos inmuebles, acuden al Poder Judicial e interponen acciones de amparo, que judicializa el tema y hasta que este se resuelva, pueden seguir funcionando con normalidad.
“La municipalidad cumple con multar, clausurar, paralizar la obra. Ahí termina su participación, su función administrativa. Las argucias que ya se han aprendido de memoria, los comerciantes inescrupulosos es, pasamos a la etapa legal y presenta tu acción de amparo, tu medida cautelar. Mientras ese proceso sigue, que me da derecho a seguir trabajando, sigo levantando lo que yo quiero y ya no se puede intervenir porque está judicializad”, agregó.
Sobre el inmueble donde se originó el incendio en Barrios Altos, señaló que ya había sido clausurado en múltiples oportunidades; sin embargo, que estaba operando porque contaba con una “verificación judicial”, que es una modalidad de espera mientras el Poder Judicial emite su decisión final.
En ese sentido, exhortó al Congreso de la República a derogar la norma y emitir las disposiciones legales para que las municipalidades puedan ejercer su rol fiscalizador sin ningún inconveniente.
“Yo creo que por el crecimiento que se ve de estas edificaciones en Barrios Altos es que se ha llegado a esto. A que no se pueda intervenir(...) Yo pienso igual que tú. Puede pasar cualquier cosa y no se ha podido lograr controlarlo en muchos años. Lo que se está tratando ahora es hacer llegar al Congreso que es el único que puede cambiar el sistema, tanto judicial, municipal, para que tome las acciones que corresponde, comenzando por derogar esta última ley que complica las acciones fiscalizadoras”, puntualizó.
