El expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien enfrenta un juicio oral por orquestar un golpe de Estado a fines de 2022, anunció este lunes que iniciará una huelga de hambre en el penal de Barbadillo, en Lima, como protesta por lo que considera una “injusticia” en su contra.
A través de un manuscrito compartido en sus plataformas sociales, el exmandatario expresó su descontento con las acciones del sistema de justicia, las cuales, según él, han sido parcializadas.
“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano he decidido acatar a partir de esta fecha huelga de hambre”, se lee en el escrito, en el que también denuncia que una jueza de la sala que ventila su juicio “ha adelantado su opinión, forzando el tipo penal de rebelión”.
El manuscrito está firmado por el abogado Walter Ayala, aunque Castillo se presentó en la instalación del juicio sin respaldo legal, tras presentar un escrito en el que notificaba la subrogación de todos sus defensores.
Además, rechazó ser defendido por un abogado público, aunque la sala resolvió asignarle uno y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus letrados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”.
El exmandatario se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, un centro de reclusión de máxima seguridad donde ha permanecido desde su arresto, tras intentar un autogolpe en diciembre de 2022. Por este caso, enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los cargos de rebelión y abuso de autoridad.
En diálogo con RPP, Ayala detalló que Castillo decidió prescindir de su defensa legal en el juicio por rebelión debido a su desacuerdo con la jueza Norma Carbajal, quien está a cargo del caso. “Él está haciendo una protesta pacífica para que el mundo se entere de que se trata de una injusticia”, añadió sin abundar en detalles.
El jueves pasado, el exmandatario intentó abandonar la audiencia judicial, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí contra mi voluntad", dijo. En otro momento, también criticó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha calculado un monto reparación civil de 65,4 millones de soles a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso.
“Jóvenes robustos pidiendo millones de plata... que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso). Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso. (...) Voy a retirarme porque quiero coordinar unos temas”, añadió.
El titular de la sala, el juez supremo José Neyra, le invocó a mantenerse presente y le advirtió que podría ordenar medidas si se oponía. Además, destacó que Castillo había expresado su negativa a contar con un abogado particular y subrayó que todo lo ocurrido estaba siendo registrado en video.
El juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el que el exmandatario está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la Nación.
La fiscal Galinka Meza reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.
Junto al exjefe de Estado son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales el Ministerio Público solicita penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.
