En un esfuerzo coordinado entre las autoridades peruanas, durante la segunda quincena de febrero de 2025, se llevaron a cabo 45 operativos de interdicción en 14 regiones del país. Estos operativos, liderados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), en colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), tuvieron como resultado la destrucción de bienes utilizados en la minería ilegal, por un valor total de S/ 123,5 millones.
Estos operativos se realizaron del 16 al 28 de febrero, y abarcaron zonas de alto impacto de la minería ilegal en el país, tales como Madre de Dios, La Libertad, Huánuco y Amazonas. Según el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el gobierno está comprometido en erradicar esta actividad ilícita para proteger tanto el medio ambiente como las comunidades originarias que se ven afectadas por la minería ilegal. “Seguiremos desplegando operativos en diferentes partes del país para llevar ante la justicia a quienes persisten con estas prácticas ilegales”, afirmó Adrianzén.
Las regiones donde se concentraron los operativos incluyen Madre de Dios con 17 operativos, La Libertad con 4, Cajamarca, Cusco y Huánuco, entre otras. En total, se destruyeron maquinarias, vehículos, motores, tanques de combustible y herramientas especializadas utilizadas por los mineros ilegales.
Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo (La Libertad), donde se incautaron bienes cuyo valor total superó los S/ 72 millones. La incautación de estos bienes forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar la minería ilegal en el país, que continúa causando graves daños socioambientales.
Minería ilegal en el Perú genera más de $ 12 mil millones anuales
La minería ilegal en el Perú ha alcanzado dimensiones alarmantes. Según la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, esta actividad ilícita genera alrededor de 12 mil millones de dólares anuales. Con más de 300.000 mineros ilegales operando en diversas regiones, la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades más lucrativas, alimentada por la alta demanda de oro en el mercado internacional.
Entre las zonas más afectadas por la minería ilegal se encuentran Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash. En algunos campamentos, un gramo de oro se vende por S/ 320, lo que incentiva aún más esta actividad. En promedio, se estima que cada mes se extraen hasta cuatro kilos de oro, lo que equivale a más de un millón de soles de ingresos ilegales.
Lo que también ha generado preocupación es la mezcla de la minería ilegal con el tráfico de drogas, fenómeno conocido como “narcominería”. En este contexto, el fiscal Federico Chávarry ha reportado un aumento del 50% en las investigaciones asociadas con la minería ilegal desde mayo de 2024. Este incremento ha resultado en más de 7.200 casos relacionados con la actividad minera ilegal.
Impacto Socioambiental de la Minería Ilegal
La minería ilegal tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas peruanos, especialmente en la región amazónica. Según un informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la actividad minera ilegal ha destruido más de 301.000 hectáreas de bosque en Madre de Dios en los últimos 20 años. Esta cifra supera incluso el tamaño de Lima Metropolitana y ha tenido un impacto negativo en la biodiversidad de la Amazonía peruana, uno de los pulmones más importantes del planeta.
Entre las provincias más afectadas se encuentran Tambopata, con 156.850 hectáreas deforestadas, seguida por Tahuamanu y Manu, con 77.704 y 67.227 hectáreas, respectivamente. En distritos como Inambari, Madre de Dios y Las Piedras, también se registran altos índices de deforestación.
El impacto económico de esta deforestación es igualmente alarmante. Según MAAP, el daño socioambiental de la minería ilegal en Madre de Dios ha alcanzado un valor de 593 millones de dólares entre 2022 y agosto de 2023. Este daño no solo afecta al medio ambiente, sino también a las comunidades indígenas, que enfrentan pérdidas que van desde los 24 hasta los 196 millones de dólares, dependiendo de la zona afectada.
