Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú y el Ministerio del Interior en su contra. A las denuncias presentadas por la parlamentaria Kira Alcarráz y el propio ministro Juan José Santiváñez se suman dos nuevas ingresadas este lunes 10 de marzo que también buscan inhabilitarla por un periodo de 10 años. Se trata de los documentos elaborados por Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante ante el Poder Legislativo.
Los hechos que se le imputan difieren en cada una de las situaciones. Mientras el titular del Mininter la acusa de difundir información de una investigación seguida en su contra y Alcarraz la señala de abuso de autoridad por la denuncia que presentó contra 11 parlamentarios por negociación incompatible, las nuevas denuncias giran alrededor de un presunto desacato a la ley impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos, y encubrimiento en favor del fiscal supremo Pablo Sánchez.
Las últimas dos denuncias se dan luego de que la titular del Ministerio Público revelara que la presidenta Dina Boluarte cuenta con 34 denuncias en su contra y desmintiera las acusaciones de acoso político. “No se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración. En los demás casos se recaba documentos, testigos, algunas pericias”, mencionó en entrevista con Cuarto Poder.
¿Qué dijo sobre las denuncias en su contra?
Aunque la fiscal Delia Espinoza no se ha pronunciado sobre la última denuncia en su contra, ha respondido por las anteriores. Sobre la presentada por el integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte sostuvo que no tiene nada que temer y confía “en la legalidad y que el debido proceso se tiene que imponer en cualquier investigación”.
En relación con la segunda, indicó que la denuncia contra los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que aprobaron un proyecto de ley que eliminaba el tope salarial legalmente establecido (S/ 15.600) y beneficiaba directamente a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluidos ellos mismos que estaban desempeñando cargos de elección popular, no cuestiona el derecho constitucional de percibir pensión y remuneración simultáneamente, sino el procedimiento irregular en la aprobación de la norma.
Sobre el documento ingresado por Rospigliosi, el cual es respaldado por legisladores que fueron denunciados por aprobar ley que les permitió acceder a una presunta doble remuneración del Estado, la fiscal mencionó que el retiro de la mesa que realiza el reglamento para dicha norma parte de la admisión de una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional.
“El 8 de febrero se admite nuestra demanda ante el TC y por esta razón, para guardar una coherencia ante un acto procesal, nosotros congruentes con la autónoma que nos corresponde hemos señalado en un oficio que nos vamos a retirar temporalmente a las resultas de lo que disponga el máximo interprete de la carta magna”, explicó.
Explicó que su participación en este protocolo formalizaría la coordinación entre ambas instituciones bajo los lineamientos de la ley cuestionada y contravendría su posición frente al máximo intérprete de la carta magna.
“Lo que pasa es que hay apresuramiento por esa comisión en el sentido de querer aprobar ya un protocolo interinstitucional que refrenda lo que es la actividad coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en el marco de esa ley, pero ¿qué sucede? Si consideramos que es inconstitucional, no podemos avalar la elaboración de un protocolo que sería aprobado a través de un decreto supremo. Entonces, si nosotros seguimos participando, cuando vayamos a debatir nos van a decir, ‘pero no han sido congruentes’”, sentenció la fiscal en diálogo con Nativa.
