El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 será suspendido hasta el 11 de marzo, cuando se retomará con la comparecencia de los testigos de la Fiscalía.
El Tribunal de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú decidió posponer la audiencia programada para este viernes, debido a la falta de tiempo suficiente para convocar a los testigos, tal como explicó la jueza Norma Carbajal.
La sesión continuará el 11 de marzo, y se espera que las audiencias se realicen con regularidad en las fechas posteriores, cuando se presenten más testimonios y evidencias.
“Sería inútil citarlos mañana para resolver, cuando la convocatoria de testigos necesita un tiempo mínimo, entonces la siguiente sesión va a ser el día 11 de marzo en este recinto judicial, presencial el 11, 13 y 14 de marzo de 9:00 a 13:00 horas”, dijo la magistrada al final de la sesión.
Durante la audiencia del 11 de marzo, se prevé que se presenten los primeros testigos de la Fiscalía, y se espera también la participación de nuevos testigos anunciados por las defensas de los acusados.
Como se sabe, durante la fase de investigación, se admitieron un total de 65 pruebas documentales, declaraciones de 69 testigos, pericias forenses, grafotécnicas y otros elementos probatorios. Además, se presentaron 16 objetos de convención probatoria y 75 documentos probatorios de todas las partes involucradas.
Intento de golpe de Estado
Este juicio tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y autoproclamarse presidente de un gobierno de emergencia, una acción que fue rápidamente rechazada por el Congreso y las Fuerzas Armadas.
Junto a Castillo, otros seis acusados enfrentan cargos por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública. El exjefe de Estado enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión.
El exmandatario, que se presentó sin abogado en la primera sesión del juicio, ha sostenido su defensa, argumentando que está encarcelado “injustamente” y que su único delito fue “defender al pueblo”.
Durante su intervención, Castillo criticó tanto el proceso judicial como las acusaciones en su contra, argumentando que el Ministerio Público ha forzado los cargos para poder someterlo a juicio.
La jueza Carbajal le explicó que, aunque tiene derecho a presentar sus descargos, era necesario contar con un abogado para cumplir con los requisitos legales de un juicio oral. En respuesta, se asignó al defensor público Edgar Callahualpa para representarlo en el proceso.
Además de Pedro Castillo, otros exfuncionarios enfrentan cargos en este proceso judicial. Betssy Chávez, quien se desempeñaba como jefa del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, exjefe del gabinete de asesores, y Willy Huerta, exministro del Interior, están acusados de delitos relacionados con el intento de autogolpe. Las penas solicitadas por la Fiscalía son de 34 años de prisión para Castillo, 15 años para Torres y 25 años para Chávez y Huerta.
La Sala Penal Especial está presidida por el juez supremo José Neyra Flores, acompañado de los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, quienes serán responsables de tomar decisiones durante el juicio.
DATO
- Este juicio por rebelión no es el único proceso judicial que enfrenta Pedro Castillo. El expresidente también está siendo investigado por delitos de corrupción, incluyendo organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Estas investigaciones están relacionadas con casos en entidades como Petro-Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda, donde se le acusa de haber liderado una presunta organización criminal dentro de su gobierno. Estas investigaciones podrían derivar en nuevos juicios y penas adicionales si se confirma la existencia de ilícitos.
