En 2020, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OECD-EUIPO) basado en datos de incautaciones aduaneras de 2016 estimó que el valor de los productos falsificados importados en todo el mundo alcanzaba los 520 mil millones de dólares, lo que representaba el 3.3% de las importaciones globales. Esta cifra da cuenta de la magnitud del problema de la falsificación, un negocio ilícito que no solo afecta a las economías de los países, sino que también impacta en la seguridad, el empleo y la vida de las personas. Este fenómeno financia esquemas de corrupción, trata de personas y actividades delictivas, poniendo en riesgo la estabilidad de los mercados y fomentando la informalidad.
El Perú se ha convertido en uno de los países más golpeados por este problema, además de tener uno de los indicadores más altos de informalidad en la región (más del 70% según el INEI), de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2023, es el segundo país con mayor falsificación (uso y comercialización)de productos en el mundo y el primero en Sudamérica.Esta realidad ha generado un impacto profundo en diversos sectores, desde el comercio y la industria hasta el ámbito social, afectando la inversión, la recaudación fiscal y la confianza en el mercado. La falsificación no distingue rubros: abarca desde artículos de lujo, ropa y dispositivos electrónicos hasta bienes esenciales como medicamentos, alimentos y productos eléctricos. En muchos casos, estos productos no solo son de baja calidad, sino que representan un riesgo para la seguridad de quienes los utilizan.
Los productos eléctricos falsificados: un peligro latente
El comercio de estos productos ilegales pone en peligro la vida de miles de personas. La libre circulación de mercancías que no cumplen con los estándares de calidad y seguridad incrementa el riesgo de sobrecargas, cortocircuitos, incendios y electrocuciones. Los productos eléctricos ilegales suelen dividirse en dos categorías: aquellos que son subestándares, es decir, que no cumplen con los requisitos técnicos mínimos de seguridad, y los que - además de ser subestándares - vulneran la propiedad intelectual de marcas reconocidas. En ambos casos, la amenaza para los consumidores es la misma. En un país donde más del 70% de la construcción en el sector urbano opera en la informalidad y donde la falsificación de productos eléctricos alcanza cifras superiores el 30%, el impacto económico real de esta problemática es aún mayor de lo que reflejan las cifras oficiales.
El mercado de productos eléctricos es uno de los más afectados por la falsificación en el Perú. Se estima que su valor ilícito supera los 60 millones de dólares anuales, pero las pérdidas económicas asociadas alcanzan los 2,700 millones de dólares, lo que equivale al 1% del PBI. A esto se suma una evasión fiscal de 18 millones de dólares y la pérdida de más de 200 mil empleos formales cada año.
Graves consecuencias sociales
Las repercusiones de este mercado ilícito no solo se reflejan en las pérdidas económicas y en la reducción de empleos formales, sino también en la seguridad y bienestar de la población. Uno de cada cinco productos eléctricos instalados en una vivienda es de mala calidad. Siete de cada diez incendios en el país tienen origen eléctrico y, en promedio, se registran 35 incendios diarios. A pesar de esta realidad, el 85% de los ciudadanos se siente seguro en su vivienda, lo que evidencia una falta de conciencia sobre los riesgos asociados a la adquisición de productos eléctricos ilegales.
El impacto social de la falsificación también es profundo. Según Unicef, más de 158 millones de niños en el mundo trabajan en condiciones inseguras, muchas veces vinculadas a la producción y comercialización de productos falsificados. En el Perú, el Ministerio de Salud reporta más de 35 mil personas con quemaduras al año, de las cuales más de 700 son a causa de accidentes eléctricos. Estas cifras reflejan una problemática que no solo atañe a la industria y al comercio, sino también a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un esfuerzo conjunto para combatir la falsificación
Frente a esta situación, la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI-Perú) nos recuerda que es responsabilidad del Estado garantizar que los consumidores puedan elegir entre productos de calidad y no entre una imitación o un producto falsificado. Para lograrlo, es indispensable fortalecer los controles en frontera mediante regulaciones basadas en estándares nacionales e internacionales; establecer mecanismos efectivos de fiscalización en los puntos de venta (ferreterías y grandes centros de distribución) y en los puntos de instalación (construcciones); y promover una cultura de consumo responsable a través de la educación y sensibilización de los ciudadanos.
Asimismo, la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales (EPEI Perú), ha puesto en marcha el Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales, con el propósito de luchar contra la informalidad y la falsificación de productos eléctricos en el Perú, a través de la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado; el análisis y difusión del impacto negativo de estas prácticas; y promover el desarrollo de proyectos colaborativos que fortalezcan la seguridad y calidad en el uso de productos eléctricos, contribuyendo al bienestar económico y social del país.
La lucha contra la falsificación no es solo un desafío para las autoridades, sino también un compromiso de todos. Es necesario un esfuerzo conjunto entre el sector público, las empresas y la sociedad para combatir este problema y generar un mercado más justo, seguro y transparente. Comprar productos de calidad no es solo una decisión económica, sino una inversión en seguridad, desarrollo y bienestar para el país.
