El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se mostró desafiante este jueves durante la segunda audiencia del juicio oral en su contra por orquestar un golpe de Estado a fines de 2022, un proceso en el que se enfrenta a un pedido fiscal de 34 años de prisión por cargos de rebelión y abuso de autoridad.
El exmandatario volvió a rechazar la presencia de su defensa pública y manifestó su desacuerdo con el tribunal. “No necesito de esos servicios. El único delito que cometí es defender este pueblo”, dijo antes de señalar que el Ministerio Público ha “forzado el tipo penal” para encarcelarlo.
Posteriormente, intentó abandonar la sala, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí contra mi voluntad", dijo. En otro momento, también criticó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha calculado un monto reparación civil de 65,4 millones de soles a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso.
“Jóvenes robustos pidiendo millones de plata... que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso). Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso. (...) Voy a retirarme porque quiero coordinar unos temas”, añadió.
El titular de la sala, el juez supremo José Neyra, le invocó a mantenerse presente y le advirtió que podría ordenar medidas si se oponía. Además, destacó que Castillo había expresado su negativa a contar con un abogado particular y subrayó que todo lo ocurrido estaba siendo registrado en video.
En la víspera, el juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el que el exmandatario está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la Nación.
La fiscal Galinka Meza reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.
Junto al exjefe de Estado son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales el Ministerio Público solicita penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.
Uno de los exagentes imputados, Eder Infanzón, fue declarado reo contumaz por la sala, dado que no acudió a la instalación del proceso y se presume que se encuentra en Suiza. Por su parte, el representante de la Procuraduría hizo una solicitud de una reparación civil conjunta de 65,4 millones de soles por los daños patrimoniales derivados de los actos.
Sin abogado
Castillo anunció este miércoles que no cuenta con defensa legal, ya que presentó un escrito en el que notificaba la subrogación de sus cuatro abogados. A continuación, indicó que “no tiene razón” exponer a sus defensores a un proceso que calificó de “pantomima” y “donde todo parece estar confinado”, según su declaración.
“Tampoco acepto un abogado de la defensa pública. (...) De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente”, agregó.
Minutos después, la sala resolvió asignar un defensor público al exmandatario y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”. Por su parte, el presidente de la sala le recalcó al exmandatario que sus intervenciones “no pueden ser políticas”.
