¿Otra mentira? El pasado viernes 28 de febrero, el Ministerio del Interior anunció la presentación de una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntas infracciones al marco constitucional y omisión de actos funcionales. Ello, al retirarse de la Mesa de Trabajo destinada a la elaboración del Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito. No obstante, todavía no hay noticias sobre su formalización.
En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, los medios de comunicación presentes consultaron hasta en dos ocasiones sobre el estado de dicha denuncia. Sin embargo, en ambas situaciones, los miembros del gabinete ministerial de Dina Boluarte se negaron a responder, dejando abierta la posibilidad de que desistirán o existen desacuerdos sobre lo publicado por la cartera del Interior en sus redes sociales.
Como se recuerda, en el mensaje, el Mininter develó sus planes al considerar que la decisión de la titular del Ministerio Público responde a la “manifiesta inobservancia” de la Ley 32130, normativa vigente que establece la obligatoriedad de su cumplimiento. Según indicaron, su retirada no solo afecta la gobernabilidad, sino que también pone en riesgo la seguridad ciudadana.
En ese sentido, la cartera señaló que la conducta de la Fiscal de la Nación constituye un agravio al artículo 159° de la Constitución Política del Estado, el cual establece las funciones del Ministerio Público. Además, que la ley debe ser cumplida mientras no sea derogada, y cualquier incumplimiento podría ser considerado como una omisión de actos funcionales.
“Lamentamos que intereses particulares primen frente a la razón y el trabajo conjunto en bien de la ciudadanía, desestabilizando así la gobernabilidad en el país. Recordemos que la ley debe ser cumplida sin miramientos ni objeciones, a menos que esta sea derogada, por lo que no permitiremos que el marco normativo sea trastocado por intereses subrepticios”, escribieron.
A ello se sumó la respuesta de Hugo Pajares, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal correspondiente al Ministerio de Justicia, quien, a través de un oficio remitido a Espinoza, también rechazó la decisión fiscal.
Según el texto, no existe sustento para la postura adoptada por la entidad. Subrayó que la lucha contra el crimen requiere un esfuerzo conjunto y coordinado entre todas las entidades involucradas. En este sentido, el retiro de la Fiscalía podría perjudicar el avance en la elaboración de un protocolo que busca mejorar la actuación interinstitucional en la investigación de delitos, un objetivo que resulta crucial en el contexto actual de inseguridad en el país.
¿Qué dijo la fiscal Delia Espinoza?
En una reciente entrevista, la fiscal de la Nación explicó que su retiro responde a la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32130, “que nos despoja de nuestras atribuciones para dirigir la investigación del delito desde el inicio.” “El 8 de febrero se admite nuestra demanda ante el TC y por esta razón, para guardar una coherencia ante un acto procesal, nosotros congruentes con la autónoma que nos corresponde hemos señalado en un oficio que nos vamos a retirar temporalmente a las resultas de lo que disponga el máximo interprete de la carta magna”, explicó.
“Lo que pasa es que hay apresuramiento por esa comisión en el sentido de querer aprobar ya un protocolo interinstitucional que refrenda lo que es la actividad coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en el marco de esa ley, pero ¿qué sucede? Si consideramos que es inconstitucional, no podemos avalar la elaboración de un protocolo que sería aprobado a través de un decreto supremo. Entonces, si nosotros seguimos participando, cuando vayamos a debatir nos van a decir, ‘pero no han sido congruentes’”, sentenció la fiscal en diálogo con Nativa.
