“Ahora tiene que probarlo, eso es una mentira”. Así respondió el exprimer ministro Aníbal Torres el martes (04.03.2025), al ser consultado por la prensa sobre las acusaciones de la Fiscalía, que lo señalan como el autor del discurso del intento de golpe de Estado pronunciado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
A su salida del penal de Barbadillo, adonde acudió como investigado por su presunta participación como coautor de rebelión, Aníbal Torres fue rodeado por los periodistas. Ante la insistencia de las preguntas sobre su presunto rol clave en el delito, el exprimer ministro no pudo contener su irritación y exclamó: “¡Ya lo dije, señor!”.
El juicio oral contra Castillo, por su intento de golpe de Estado en 2022, comenzó este martes en un proceso calificado como “sin precedentes” por la fiscal Galinka Meza. La fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, quien enfrenta acusaciones de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El juicio fue formalmente instalado en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo en Lima, donde Castillo se encuentra recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el mismo día en que intentó llevar a cabo el golpe de Estado con un mensaje a la nación. Además de Castillo, el proceso involucra a los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, al exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías. La fiscalía solicita penas de entre 25 y 15 años de prisión para estos coacusados.
La fiscal Meza presentó este martes pruebas que vinculan a Castillo con la planificación del golpe, detallando que el exmandatario pidió la renuncia del comandante general del Ejército el 6 de diciembre de 2022, un día antes del intento de golpe. Asimismo, coordinó su mensaje a la nación con Torres y Chávez, según documentación digital presentada por la fiscalía.
Tras emitir el discurso, Castillo ordenó bloquear el ingreso al Congreso y se dirigió con su familia a la embajada de México en Lima, buscando asilo político, el cual fue otorgado finalmente a su esposa y dos hijos menores de edad. Estos hechos le imputan los delitos de rebelión por intentar modificar de manera ilegítima el régimen constitucional del país, y abuso de autoridad por ordenar la seguridad para su familia y la detención de la Fiscal de la Nación.
La fiscal también le atribuye el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, indicando que el mensaje de Castillo causó gran alarma y zozobra en el país, dado el contexto de las medidas que se adoptaron tras su pronunciamiento.
Por su parte, el representante de la Procuraduría del Estado solicitó una reparación civil conjunta de 65,4 millones de soles (17,7 millones de dólares) por los daños patrimoniales ocasionados por los actos vinculados al intento de golpe.
En cuanto a los acusados, Eder Infanzón, uno de los expolicías imputados, fue declarado reo contumaz debido a su ausencia en la audiencia. Se presume que se encuentra en Suiza.
Castillo, quien no contaba con abogado, calificó el juicio de “farsa” y “pantomima”. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el exmandatario reiteró que es el único responsable del discurso del 7 de diciembre, y afirmó que no hubo levantamiento armado, ni pidió ni coordinó acciones violentas. Además, recusó a uno de los jueces, pero el tribunal decidió asignarle un abogado de la defensa pública, a pesar de que Castillo insistió en que dicho abogado no le era útil.
El juicio continuará el próximo jueves, cuando se espera que los defensores de los coacusados presenten sus argumentos ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
