El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se presentó este martes sin abogado a la instalación del juicio oral en su contra por su intento de golpe de Estado a fines de 2022, un proceso en el que enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por cargos de rebelión y abuso de autoridad.
El exmandatario, recluido de manera preventiva desde su destitución, confirmó que no cuenta con defensa legal, ya que en la víspera presentó un escrito en el que notificaba la subrogación de sus cuatro abogados.
“Quisiera que se haga de conocimiento al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme en eso”, dijo. Posteriormente, indicó que “no tiene razón” exponer a sus defensores a un proceso que calificó de “pantomima” y “donde todo parece estar confinado”, según su declaración.
“Tampoco acepto un abogado de la defensa pública. (...) De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente”, agregó.
Minutos después, la sala resolvió asignar un defensor público al exmandatario y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”. Por su parte, el juez supremo José Antonio Neyra, quien lidera la sala, le recalcó al exmandatario que sus intervenciones “no pueden ser políticas”.
En el juicio oral también están comprendidos la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su antecesor, Aníbal Torres. Aunque el exministro del Interior, Willy Huerta, se desmarcó intentona, quedó incluido también en el proceso, además de tres exoficiales policiales. A los seis implicados se les acusa de ser coautores del delito de rebelión.
Castillo intentó eludir una tercera destitución presentada por el Congreso en diciembre de 2022 al declarar la disolución del Parlamento y convocar a nuevas elecciones, en medio de denuncias que lo vinculaban con una organización criminal dentro de su Gobierno.
Acusaciones
El expresidente afrontaba acusaciones por el presunto ascenso ilegal de oficiales en las Fuerzas Armadas y un posible pago ilícito relacionado con la adjudicación de la construcción del Puente Tarata III. También se le investigaba por tráfico de influencias en la adjudicación de concesiones petroleras a la cuestionada empresa estatal Petroperú.
Su entorno más cercano no escapó de las pesquisas, especialmente su sobrina Yenifer Paredes, a quien se le acusó de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos en un proyecto de agua potable. Su sobrino, Fray Vásquez, también está bajo investigación por sus vínculos con el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, relacionado con la adjudicación del Puente Tarata III.
A pesar de haber presentado varios recursos para solicitar su excarcelación, los jueces ratificaron la prisión preventiva de Castillo, al alegar riesgo de fuga debido a que su familia está asilada en México.
El expresidente fue detenido en Lima, horas después de anunciar su autogolpe, cuando se dirigía a la Embajada de México con su familia. La aprobación de su destitución en el Congreso aceleró su captura y su posterior reclusión en el penal de Barbadillo, donde permanece desde entonces.
Antes del inicio de su juicio, difundió una carta en la que señalaba que rehusaba a asistir al juicio por considerarlo una “farsa”. Además, reiteró que a su discurso no le alcanza ningún delito ni infracción constitucional y aseguró que no hubo levantamiento armado, porque no pidió que nadie lo hiciera, ni coordinó para que esto sucediera.
“Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (…) Ninguno de mis coacusados, ninguna persona, ha tenido participación directa o indirecta, antes, durante ni después”, agregó.
