Gustavo Petro ignora golpe de Estado de Pedro Castillo y asegura que juicio en su contra es “un insulto a la democracia”

El presidente colombiano consideró que caso responde a que es “pobre y de izquierda”, sin referirse al mensaje televisado en el que pretendió cerrar el Congreso y reorganizar las principales instituciones judiciales del Perú

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Presidente colombiano salió en defensa
Presidente colombiano salió en defensa del vacado Pedro Castillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos el juicio político que enfrenta el exmandatario Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Pese a que fue público el discurso en el que el predecesor de Dina Boluarte invocó el cierre del Congreso y reorganización de instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, el mandatario aseguró que el caso es “un insulto a la democracia”.

A través de su cuenta en la red social X, Petro expresó su rechazo a lo que considera un proceso judicial motivado por razones políticas y sociales, señalando que Castillo está siendo juzgado “por ser pobre y de izquierda”, desconociendo así el contenido del mensaje por el que, en el Parlamento, se le acusa de haber infringido 29 artículos de la Constitución.

“Este juicio a un presidente de la república, es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la convención americana de derechos humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada”, escribió Petro en sus redes sociales.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Primer día del juicio oral

Como se recuerda, el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, inició hoy, martes 4 de marzo, el juicio contra Pedro Castillo. Durante la audiencia, el vacado exmandatario confirmó que no cuenta con un abogado defensor, luego de haber presentado un escrito el día anterior en el que notificaba la subrogación de sus cuatro abogados. En sus declaraciones, el exjefe de Estado calificó el proceso judicial como una “pantomima” y aseguró que no tiene intención de exponer a sus antiguos defensores a lo que considera un juicio “confinado”.

“Quisiera que se haga de conocimiento al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme en eso”, expresó Castillo ante el tribunal. Además, rechazó la posibilidad de ser representado por un abogado de oficio, afirmando: “Tampoco acepto un abogado de la defensa pública. (...) De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente”.

A pesar de la postura del exmandatario, la sala encargada del caso resolvió asignarle un defensor público para garantizar su derecho a la defensa. El tribunal aclaró que, formalmente, Castillo solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, mientras que los otros tres aún figuraban como parte de su defensa legal. Por lo tanto, la sala consideró que su representación legal seguía vigente.

Al respecto, el juez Neyra advirtió a Castillo que sus intervenciones durante el juicio no pueden tener un carácter político. Esta indicación se dio luego de que el exmandatario utilizara su tiempo para cuestionar el proceso judicial y reiterar su postura sobre la supuesta falta de imparcialidad en su caso.

El expresidente es juzgado por el presunto delito de rebelión. (Fuente: Justicia TV)

El principal argumento del candidato presidencial por Perú Libre es que el ‘golpe’ no se ejecutó, pues no contó con el respaldo de los altos mandos militares, y varios de sus ministros desconocían este mensaje y renunciaron en masa en los minutos siguientes. Según él, los delitos por los que se le acusan no se cometieron, ya que no hubo consecuencias, pese al contenido del mensaje.

Cabe mencionar que el juicio oral no solo involucra a Pedro Castillo, sino también a otros altos funcionarios de su gobierno. Entre ellos se encuentran Betssy Chávez, quien ocupaba el cargo de presidenta del Consejo de Ministros en el momento de los hechos, y su antecesor en esa posición, Aníbal Torres. También está incluido Willy Huertas, quien se desempeñaba como su ministro del Interior.