El allanamiento a la vivienda y despacho del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no solo generó la indignación y solidaridad por parte del Ejecutivo. Pese a que en algunos momentos se han denominado colaboradores de la justicia, la presidenta Dina Boluarte y miembros de su gabinete ministerial advirtieron de un presunto golpe de Estado blanco y despotricaron contra el sistema judicial por la medida llevada a cabo este lunes 3 de marzo.
La mandataria, quien recibió al investigado por presunto abuso de autoridad con aplausos y un extendido abrazo en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), fue enfática en garantizar la permanencia del cuestionado funcionario. Aseguró que medida fiscal se ejecutó “porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares que tenían capturado al Ministerio del Interior”.
Asimismo, denunció que “la Fiscalía juega en pared con una mala prensa para dar un golpe de Estado blanco”. “Sabemos que algunos medios de comunicación, desde el primer minuto que el ministro Santiváñez asumió la cartera, no ha tenido descanso en las noticias. Es un acoso político permanente a nuestro gobierno”, afirmó.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, también se expresó en contra de la medida, a la que calificó de “decisión abusiva, irresponsable, ilegal y desproporcionada”. “Todo forma parte de una política artera, sistemática y permanente dirigido desde un grupúsculo de la Fiscalía que tiene como único propósito atacar al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y a quienes integramos el gabinete ministerial. Lo único que están buscando con esto es desestabilizar al gobierno”, insistió en diálogo con RCR.
Previo a dicha entrevista, mencionó que aunque confían “en las instituciones del Estado y en los integrantes del Sistema de Administración de Justicia, medidas como la de hoy socavan la imagen de la Fiscalía”. “Hacemos votos para que la persecución política cese. Observamos en los últimos meses cómo el Ministerio Público persigue a la práctica pública. Esto no puede ser objeto de criminalización. Confiamos que estas actitudes serán rectificadas”, agregó.
Morgan Quero, ministro de Educación, aseguró que existen chacales dentro del Ministerio Público e hizo un intento de enmendar la plana a la entidad. “(La Fiscalía) hace mal uso de su institución. En lugar de perseguir a los criminales y protegernos a todos los peruanos y no librar delincuentes, allana hoy el domicilio del señor Santiváñez. Nosotros nos solidarizamos con él y quiero señalar a esos detractores que juegan a convertirse en aprendices de brujas incitando a un golpe blanco, a un golpe que lo único que puede hacer es generar más rechazo de parte de la población”, expresó.
“Yo creo que ha quedado claro para la sociedad peruana que hay una serie de conflictos entorno a lo que implica las decisiones de un sector. Yo no tengo miedo de desenmascarar, junto con muchos observadores, a esos chacales que están enquistados en luchas intestinas de poder dentro de la Fiscalía, por eso quiero decir que ellos ganan al Perú”, agregó.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, también se pronunció y calificó la acción como una medida extrema e injustificada. “Estamos sumamente indignados con medidas como esta. Nosotros aún confiamos en las autoridades judiciales y fiscales, sin embargo, no se puede aplicar medidas extremas en un caso donde no existen elementos suficientes para sostenerlas”, afirmó.
Cabe mencionar que, a excepción de León, los demás integrantes afrontan serios cuestionamientos. Entre los más recientes, se conoció que dos testigos protegidos señalan directamente a Santiváñez por presuntamente haber pagado grandes sumas de dinero para influir en las decisiones judiciales. Uno de ellos implicó también al premier al develar una presunta alianza política. Sobre la presidenta existen nueve investigaciones y a Morgan Quero se le critica su cercanía con Nicanor Boluarte. También se le acusa de estar detrás de la salida de Julio Demartini y la filtración del video que motivó la renuncia del expremier Alberto Otárola.
