El escándalo originado por el asesinato de Andrea Vidal, trabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, a manos de sicarios, ocurrido en diciembre de 2024, continúa destapando más irregularidades al interior de la institución.
Una auditoría hecha por la Contraloría General de la República, revela que Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo, dos de los implicados en una presunta red de prostitución, presentaron documentos falsos para ingresar a trabajar al Congreso de la República.
Jorge Torres Saravia llegó al Congreso en 2021 de la mano de Alianza para el Progreso (APP), respaldado por Luis Valdez, una de las figuras más influyentes del partido y actual secretario general de la organización. Durante la gestión de Alejandro Soto en la presidencia del Parlamento, fue designado jefe de la Oficina Legal, cargo que desempeñó desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 14 de febrero de 2024. Posteriormente, retomó el puesto el 13 de mayo de este año, con funciones hasta el 12 de diciembre de 2024.
Si ya la contratación del funcionario fue duramente criticada por las denuncias de abuso y violencia en su contra, las nuevas revelaciones tras la auditoría complicaría aún más su situación y la de los funcionarios que autorizaron su contratación.
Irregularidades y hallazgos
Según La República, Fernando Rosales Cirilo, auditor de la Contraloría General de la República, fue quien revisó los documentos y reportó las irregularidades halladas al actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Entre los documentos revisados, encontró un certificado de trabajo presuntamente emitido por la compañía minera Catequil, fechado el 3 de noviembre de 2010 y firmado por su entonces gerente general, Francisco Roldán Arteaga. Según lo que indica el ‘certificado de trabajo’, Torres Saravia prestó “sus servicios como asesor legal externo en temas civiles y laboral, encargado de la conciliación dentro y fuera de nuestra empresa minera Catequil, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 1 de febrero de 2007″.
Sin embargo, Roldán envió una carta al auditor de la Contraloría en la que desmintió la autenticidad de la firma y declaró, que por lo menos, mientras él fue representante legal de la empresa, Torres Saravia no tuvo ningún vínculo laboral.
En el caso de Isabel Cajo, se registró una situación similar. Su contratación generó controversia cuando se hizo público que percibía un sueldo superior a los 7 mil soles pese a no contar con el grado de bachiller, mientras trabajaba en el despacho del congresista Edwin Martínez. Ahora, una auditoría ha revelado que los certificados de trabajo y de prácticas que presentó son fraudulentos, lo que agrava las irregularidades en su nombramiento.
Las irregularidades en los documentos presentados por Isabel Cajo se centran en las constancias laborales que supuestamente acreditaban su experiencia profesional. Ambos certificados fueron emitidos a nombre de la empresa E & H Constructora Inmobiliaria y detallaban que Cajo había trabajado como asistente de agente de aduanas en la importación de materiales para acabados de obra, desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de octubre de 2023.
Sin embargo, el gerente general de la compañía, Santiago Elescano, desmintió la autenticidad de estos documentos. A través de una carta dirigida a la Contraloría General de la República, Elescano aseguró que la empresa nunca emitió ninguna referencia de trabajo a favor de Cajo, lo que evidenció la falsificación de su experiencia laboral.
Tras la verificación de estas irregularidades, Fernando Rosales, recomendó a Eduardo Salhuana, que disponga la intervención de la Procuraduría del Parlamento para que se inicien las acciones legales correspondientes. Según el informe, al que accedió La República, tanto Jorge Torres como Isabel Cajo habrían incurrido en el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, lo que amerita una respuesta jurídica inmediata por parte del Legislativo.
