Perú atraviesa una crisis de inseguridad sin precedentes. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el país registró 325 homicidios en lo que va del año, lo que equivale a casi seis muertes violentas por día. La tendencia ha ido en aumento desde 2021, cuando se reportaron 1.317 asesinatos, incrementándose a 1.516 en 2022 y 1.506 en 2023. Sin embargo, en 2024, la cifra alcanzó los 2.056 homicidios, evidenciando un incremento significativo de la violencia.
El exministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió que las cifras de Sinadef podrían estar subestimadas, ya que no todos los casos se registran con precisión debido a limitaciones en la determinación de homicidios por parte del personal médico. Además, la base de datos del Sinadef se actualiza constantemente, lo que podría revelar un número aún mayor de víctimas en los próximos meses.
Presión política y cuestionamientos al ministro del Interior
Mientras la inseguridad sigue escalando, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de la polémica. Actualmente, es investigado por la Fiscalía de la Nación por presunto abuso de autoridad y enfrenta una posible moción de censura impulsada por la congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular.
El rechazo ciudadano a la gestión del ministro es evidente. Según una encuesta de Datum, solo el 6 % de la población respalda su permanencia en el cargo, mientras que cerca del 90 % considera que debería ser destituido. En medio de este panorama, Paredes ha denunciado que Santiváñez habría realizado gestiones para evitar que los legisladores respalden la moción en su contra.
“El ministro del Interior tiene mucho poder para apoyar comisarías regionales, para acelerar investigaciones. Yo he hecho mi trabajo de recoger las firmas y él ha hecho su trabajo de lobby, consiguiendo congresistas que no quieran firmar o que, habiendo firmado, retiren sus firmas”, declaró en Canal N.
Peruanos culpan al Estado por inseguridad y muertes
La inseguridad ciudadana ha emergido como una de las preocupaciones más serias en el Perú, y los ciudadanos apuntan a la presidenta Dina Boluarte como la principal responsable de esta problemática, de acuerdo con un reciente estudio de opinión realizado por Ipsos. Según los resultados de este estudio, difundidos por Perú 21, el 56 % de los encuestados responsabiliza directamente a Boluarte por el clima de criminalidad creciente.
Sin embargo, no es la única figura señalada: el Congreso es considerado responsable por un 42 %, seguido por la Policía Nacional, con 37 %, y los fiscales, con 32 %. También figuran en las opiniones ciudadanas el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Juan José Santiváñez, que alcanza un 29 %, al igual que los jueces. Incluso los alcaldes son mencionados, con un 19 % de ciudadanos que los culpan por el aumento de la delincuencia.
Los resultados de esta encuesta reflejan el descontento generalizado hacia las autoridades y el poder político, derivado, entre otros factores, de las constantes declaratorias de estados de emergencia en zonas como Trujillo, Virú y Pataz, en la región de La Libertad, así como en ciertos distritos de Lima Metropolitana. Estas medidas, si bien están diseñadas como una estrategia para combatir la criminalidad, son percibidas por la ciudadanía como insuficientes o poco eficaces.
El papel de Boluarte como líder del Poder Ejecutivo no pasa desapercibido, pues recae en ella la responsabilidad de seleccionar a los ministros de su gabinete. En este contexto, la permanencia de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio del Interior, pese a su impopularidad, según la percepción recogida en el mismo estudio, parece ser un elemento que incrementa las críticas hacia la gestión de la presidenta.
