Este martes 26 de febrero, los ministros Gustavo Adriánzen y Durich Whittembury se pronunciaron sobre el trágico accidente ocurrido en el Real Plaza de Trujillo, donde una parte del techo de patio de comidas colapsó, causando la muerte de seis personas y más de 80 heridos. Durante la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros, ambos funcionarios subrayaron la importancia de fortalecer las medidas de seguridad en centros comerciales y otros establecimientos públicos para evitar que un suceso como este se repita.
Durich Whittembury, ministro de Vivienda, destacó que el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) establece que las inspecciones en dichos recintos deben realizarse cada dos años, y que esta responsabilidad recae sobre las municipalidades. Sin embargo, tras el colapso en Trujillo, la situación ha mostrado una grave falta de supervisión, lo que ha llevado a las autoridades locales a tomar medidas inmediatas, como la inspección intensiva y clausura de centros comerciales en todo el país.
“Estos trabajos de supervisión deben ser constantes. La norma ITSE lo determina así. Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones deben ser realizadas cada dos años y están a cargo de las municipalidades. En estos casos, como los centros comerciales. Eso es inevitable y saludamos la medida que ahora las municipalidades inmediatamente han reaccionado y están realizando estas inspecciones”, expresó Whittembury.
La respuesta de las autoridades, si bien positiva, ha sido vista por muchos como una reacción tardía. Durante años, centros comerciales y otros grandes establecimientos han operado sin un control efectivo sobre sus condiciones estructurales. En este contexto, los cierres temporales de varios centros comerciales, derivados de las inspecciones post-tragedia, han evidenciado una alarmante cantidad de deficiencias estructurales, que hasta ahora no habían sido detectadas ni corregidas.
Adrianzén vuelve a responsabilizar a municipalidades de deficiencias en centros comerciales
Por su parte, el primer ministro Gustavo Adriánzen amplió la perspectiva de las medidas, pidiendo que la supervisión se extienda más allá de los centros comerciales. “Hacemos votos para que estas medidas dispuestas por los gobiernos locales se sigan replicando en todo el país, y no solamente en los centros comerciales, sino en todas aquellas instituciones, establecimientos donde concurran masivamente los ciudadanos y que eventualmente puedan significar obras que no han sido supervisadas con anterioridad. De lo que se trata es de evitar por todos los medios que tragedias como la ocurrida en Trujillo se repita”, indicó.
Durich Whittembury subrayó que las municipalidades, según la normativa vigente, tienen la facultad de tomar las decisiones de fiscalización necesarias para proteger a la población. A pesar de ello, la falta de una supervisión constante ha sido un factor crítico en la tragedia. “La norma los faculta en lo necesario para que puedan desempeñar la responsabilidad de fiscalización de cualquier centro comercial y de cualquier centro que desarrolle una actividad económica”, aclaró el ministro, mientras que Adriánzen lamentó que haya sido necesario un desastre de tal magnitud para que finalmente se reconozcan las fallas en el sistema de supervisión.

“Yo lamento, y se lo digo de la manera más fraterna, a todos los alcaldes distritales con los que nos venimos reuniendo en grandes sesiones macrorregionales... yo lamento que haya tenido que suceder este hecho para que ellos recién identifiquen esa deficiencia normativa”, afirmó Adriánzen.
El caso de Trujillo ha demostrado la falta de control y la insuficiencia normativa en la fiscalización de infraestructuras clave para la seguridad pública. A pesar de que ahora se están tomando medidas correctivas, los cierres de centros comerciales por deficiencias estructurales apuntan a que el sistema de inspección, que debería ser preventivo, solo reaccionó tras la tragedia. Con la promesa de una mejora en la normativa y una mayor supervisión, el gobierno se ha comprometido a prevenir que más incidentes de este tipo ocurran en el futuro, aunque el daño ya ha sido hecho.