Durante el interrogatorio posterior al desplome de una sección del techo en el patio de comidas de Real Plaza Trujillo, el gerente general del centro comercial, Luis Santa María Torres, evidenció su desconocimiento sobre varios aspectos fundamentales relativos a la infraestructura, cuyo colapso dejó seis muertos y más de 80 heridos.
La diligencia fue conducida por la fiscal provincial Carmen Varas, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, quien puso énfasis en cuestiones clave.
Al ser consultado sobre la documentación presentada ante la municipalidad para la renovación de la licencia de funcionamiento otorgada en 2019, el economista manifestó no saber qué documentos fueron entregados, aunque señaló que los mismos se encuentran en la comuna local, según la declaración difundida este miércoles por Contracorriente
Cuando se le preguntó acerca del tiempo de garantía de la construcción del techo del patio de comidas, replicó un claro “desconozco”. Tampoco pudo precisar cuántas fases abarcó su construcción, ni el peso máximo que la estructura puede soportar.
Asimismo, admitió no estar familiarizado con los lineamientos dados por el constructor para el mantenimiento de la estructura del techo. “Esa documentación se encuentra en nuestra central, no la tenemos en nuestras oficinas del centro comercial de Trujillo”, dijo.
Al solicitarle precisión sobre los lineamientos del constructor en lo que respecta al mantenimiento del techo, Santa María explicó que estos se encuentran detallados en un dosier entregado por el constructor, aunque aclaró que “no lo tenemos actualmente en esta sede del Real Plaza Trujillo, pero se lo haremos llegar”. En relación con los detalles de dichos lineamientos, el gerente aseguró: “No los conozco.”
Explicó que en marzo de 2024 se solicitó la renovación del certificado de inspección técnica de seguridad (ITSE) y que durante las dos visitas realizadas, se realizaron observaciones menores, como la pintura en las rejas y la colocación de señaléticas. “Tuvimos entre 20 a 22 días para levantarlas antes de la segunda visita, pero levantamos todas las observaciones y luego de la segunda visita en el mismo mes de marzo nos otorgaron el ITSE”, añadió.
Agregó que el centro comercial actualiza cada dos años el certificado ITSE, el cual garantiza que la edificación cumple con las normativas de seguridad. En este contexto, destacó que la última renovación tuvo lugar en septiembre del año pasado, y agregó que, además de las revisiones programadas, se han realizado inspecciones inopinadas para asegurar el cumplimiento de las normativas.
Sobre la responsabilidad de las firmas en la documentación presentada para la obtención de este certificado, Santa María declaró no recordar la información. “No tengo a la mano los documentos, ya que fueron entregados al Ministerio Público como parte de la investigación”, agregó. Sobre la posibilidad de que se hayan escuchado ruidos fuertes en el techo durante la semana previa al colapso, como mencionaron testigos, afirmó: “No tengo ningún reporte, no se escuchó nada”.
Finalmente, al ser interrogado sobre si existía una normatividad interna que obligara a realizar inspecciones periódicas en materia estructural, eléctrica y de seguridad, el gerente respondió: “Sí, nosotros tenemos el plan anual de mantenimiento, el cual contiene diferentes partidas, eléctricas, de arquitectura, seguridad, etc.” Agregó que “estas se realizan con base en el requerimiento y necesidad de la zona”.
Investigado
Santa María, quien ha estado al frente del centro comercial desde 2021, enfrenta acusaciones de homicidio culposo, un delito que puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de hasta cuatro años. Por su parte, la Municipalidad de Trujillo ha interpuesto una denuncia penal contra los propietarios y administradores del centro comercial, así como contra los funcionarios municipales responsables de expedir la licencia de construcción y obra del lugar siniestrado.
El Real Plaza Trujillo, el mayor centro comercial de Perú fuera de Lima, cuenta con 220.000 metros cuadrados de superficie y era un refugio para los habitantes de esta ciudad, que se encuentra en estado de emergencia debido a una creciente ola de criminalidad.
