El negocio ilegal que amenaza los mares peruanos: construcción clandestina de barcos y tráfico de permisos de pesca

En La Tortuga, una caleta de pescadores en el distrito de Paita, región Piura, la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras se ha convertido en una actividad que desafía las leyes peruanas y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos. Según un reportaje de Mongabay Latam, esta práctica, prohibida desde 2015, se sostiene gracias a un lucrativo mercado negro de matrículas y permisos de pesca, que facilita la operación de barcos construidos clandestinamente.

La normativa vigente en Perú permite únicamente la sustitución de embarcaciones inservibles por otras de las mismas dimensiones, con el objetivo de evitar el crecimiento descontrolado de la flota pesquera. Sin embargo, en La Tortuga, la construcción de barcos nuevos parece ser una actividad constante. Según el medio, en esta localidad se pueden observar astilleros ilegales donde se ensamblan embarcaciones de hasta 32 toneladas, con precios que oscilan entre 150.000 y 240.000 soles (40.000 y 64.000 dólares).

La construcción de barcos en La Tortuga no es un fenómeno aislado. Según Mongabay Latam, esta actividad se extiende a otras localidades como Yacila y La Islilla, donde astilleros clandestinos operan sin mayores restricciones. En estos lugares, los barcos son ensamblados en terrenos abiertos, corralones y hasta en las calles, utilizando madera de especies protegidas como el faique.

El negocio ilegal no se limita a la construcción de embarcaciones. La venta de permisos y matrículas de pesca, prohibida por las autoridades, es otro eslabón clave en esta cadena. Según el reportaje, los precios de estos documentos varían según el tamaño y la capacidad del barco. Por ejemplo, un expediente completo para una embarcación de 20 toneladas puede costar entre 10.000 y 20.000 soles, mientras que para barcos de mayor capacidad los precios pueden alcanzar hasta 120.000 soles (32.000 dólares).

En algunos casos, los documentos vendidos corresponden a embarcaciones que ya no están operativas, como barcos hundidos o varados. En otros, se trata de permisos obtenidos de manera irregular durante el primer Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa I), implementado en 2016. Este programa, que buscaba formalizar embarcaciones artesanales, permitió la emisión de permisos sin inspecciones previas, lo que facilitó la construcción de barcos ilegales posteriormente.

El crecimiento descontrolado de la flota pesquera artesanal en Perú ha tenido consecuencias devastadoras para los recursos marinos y la economía de los pescadores formales. Según Carlos Yenque, pescador artesanal y gerente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal), la sobrepesca ha reducido drásticamente las capturas. “Antes llegábamos con 15 toneladas tras 15 días en altamar. Hoy apenas alcanzamos una tonelada y media”, afirmó al medio.

El problema no solo radica en el aumento de barcos, sino también en el uso de documentos que no corresponden a las dimensiones reales de las embarcaciones. Según Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de la organización internacional Oceana en Perú, esta práctica incrementa el esfuerzo pesquero y presiona aún más los recursos marinos.

Además, la falta de fiscalización y los presuntos actos de corrupción agravan la situación. Según Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (Apamarpa), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) no ha ejercido un control efectivo sobre la flota pesquera.

En un intento por frenar la construcción ilegal de barcos, el gobierno peruano promulgó en enero de 2024 una ley que establece penas de cárcel de tres a cinco años para quienes fabriquen o encarguen la construcción de embarcaciones sin autorización. La normativa también sanciona a quienes adquieran barcos sin certificados válidos y dispone la destrucción de las naves ilegales.

A pesar de estas medidas, los operativos realizados hasta ahora han tenido un impacto limitado. Según el medio ambiental, en agosto de 2023, el Ministerio de la Producción intervino un astillero ilegal en La Tortuga, donde se encontraron 23 embarcaciones en construcción. En noviembre del mismo año, otro operativo en la misma localidad permitió el hallazgo de 42 barcos más. Sin embargo, la fabricación de naves continúa en diversos puntos de la región.

La construcción de barcos ilegales también tiene un impacto significativo en los bosques secos de la región. Según el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la madera de faique, una especie protegida, es el principal material utilizado en los astilleros clandestinos. Para fabricar un barco de 30 toneladas se requieren unas 300 trozas de esta madera, que son transportadas de manera ilegal desde los bosques de Piura.

Entre 2017 y 2024, el Serfor realizó ocho operativos en astilleros ilegales, decomisando más de 300 trozas de faique y maquinaria para su procesamiento. Sin embargo, la falta de recursos y estadísticas precisas sobre la devastación de esta especie dificultan un control efectivo.

El crecimiento de la flota pesquera artesanal en Perú es evidente. Según la Cuarta Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el Litoral Peruano (Enepa IV), publicada en julio de 2024, el país cuenta actualmente con 23.138 embarcaciones, un aumento de 5.218 respecto a 2015. Piura es la región con mayor cantidad de barcos, con 7.722 registrados.

Sin embargo, este crecimiento no siempre refleja una formalización adecuada. Según expertos consultados por Mongabay Latam, la ampliación de plazos para el sistema de formalización (Siforpa II) podría permitir la legalización de más embarcaciones construidas ilegalmente.

Mientras tanto, la crisis de ilegalidad sigue afectando tanto a los recursos marinos como a la economía de los pescadores formales. La falta de control en altamar y la proliferación de barcos ilegales son desafíos que el gobierno peruano deberá enfrentar con mayor contundencia para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal en el país.