Intercorp no está obligada a pagarle un seguro a las víctimas de Real Plaza Trujillo

El colapso del techo en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido recientemente, ha dejado un saldo de 6 personas fallecidas y más de 80 heridos, según informaron las autoridades locales. Este incidente en la unidad del grupo Intercorp ha generado una profunda conmoción en la comunidad y ha puesto en el centro del debate la necesidad de contar con seguros obligatorios en establecimientos que congregan a grandes cantidades de personas.

De acuerdo con declaraciones de Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), el centro comercial contaba con una serie de pólizas de seguro que se activaron tras el accidente. Estas incluyen coberturas para accidentes personales, las cuales han permitido atender los gastos médicos de los heridos, así como los costos de sepelio e indemnizaciones para las familias de las víctimas. Sin embargo, Morón destacó que no existe una normativa que obligue a los centros comerciales a contar con este tipo de seguros, lo que plantea un vacío en la regulación de actividades de alto riesgo.

Vale mencionar que, según un informe de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) de enero de este año, este tipo de negocios en el Perú habrían registrado un crecimiento de 7% en 2024, con ventas que superaron los S/35.000 millones. Por tanto, las espaldas financieras existen, el problema está a nivel del Gobierno.

En diálogo con Infobae Perú, Morón dijo que en el Perú solo una pequeña fracción de la población trabaja en el mercado laboral formal, lo que significa que la mayoría de las familias no cuenta con un respaldo financiero en caso de accidentes o fallecimientos. En este contexto, las pólizas de seguro contratadas por el centro comercial, propiedad de Intercorp, han sido fundamentales para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la tragedia.

El presidente de APESEG detalló que, en este caso, las pólizas activadas incluyen tanto las contratadas por el establecimiento como las personales que pudieran tener los afectados. Esto significa que las familias de las víctimas podrían recibir indemnizaciones por ambas coberturas, siempre y cuando estas existan. Sin embargo, subrayó que este no es el caso de la mayoría de los peruanos, quienes no cuentan con seguros personales debido a su situación laboral informal.

Morón indicó que los seguros, en el caso de Trujillo, han sido activados en un número no determinado, pues no solo corresponden al mismo centro comercial, sino también a cada una de las empresas afectadas, como farmacias o zapaterías. Sin embargo, prefirió no dar mayores detalles, pues varias de las aseguradoras involucradas pertenecen al gremio. En efecto, entre los socios de APESEG figura Interseguro, con Felipe Morris Guerinoni como su titular consignado.

Uno de los puntos más preocupantes que surgieron tras el incidente es la ausencia de una regulación que obligue a los centros comerciales a contar con seguros para cubrir los riesgos asociados a su operación. Según Morón, aunque el Real Plaza Trujillo activó sus pólizas como una buena práctica comercial, no existe una normativa que exija a estos establecimientos tener seguros obligatorios.

Morón señaló que la primera póliza que se activa en casos como este es la de accidentes personales, la cual cubre gastos médicos, sepelios e indemnizaciones. Sin embargo, insistió en que debería ser obligatorio que todos los centros comerciales cuenten con un mínimo de protección para los usuarios que visitan sus instalaciones.

Por su parte, Eduardo Chávez de Pierola, gerente legal de APESEG, destacó que la implementación de seguros obligatorios para centros comerciales, como el de Intercorp, requeriría una ley aprobada por el Congreso. Según el abogado, la normativa debería establecer las condiciones y las sumas aseguradas necesarias para garantizar la protección de los usuarios en caso de accidentes.

En sus declaraciones, Morón y Chávez también hicieron referencia a otros sectores donde la obligatoriedad de seguros podría marcar una diferencia significativa. Uno de los ejemplos más destacados es el transporte público, especialmente el interprovincial, donde los accidentes suelen tener consecuencias graves.

Morón explicó que, en muchos casos, las empresas de transporte involucradas en accidentes desaparecen antes de cumplir con las indemnizaciones ordenadas por la justicia, dejando a las familias de las víctimas en el desamparo. Para evitar estas situaciones, propuso que se implemente un seguro obligatorio de responsabilidad civil para el transporte de pasajeros, similar a lo que ocurre en otros países.

Chávez añadió que conducir un vehículo es considerado una actividad de riesgo, lo que justifica la necesidad de contar con seguros obligatorios. Según el gerente legal de APESEG, esta medida permitiría cubrir los daños ocasionados a terceros y garantizaría una protección efectiva para las víctimas de accidentes de tránsito.

Otro tema abordado durante las declaraciones fue la diferencia en el acceso a seguros entre los trabajadores del sector público y privado. Según Chávez, el seguro de vida ley, que es obligatorio para los empleados del sector privado, no se aplica a los trabajadores públicos, salvo en casos específicos donde estos estén bajo un contrato laboral de la actividad privada.

Desde APESEG, han insistido en la necesidad de extender este mecanismo de protección a todos los trabajadores del país, independientemente de si pertenecen al sector público o privado. Esto garantizaría que, en caso de accidentes o fallecimientos, las familias de los trabajadores puedan contar con un respaldo financiero.

Finalmente, el colapso del techo en el Real Plaza Trujillo no solo ha dejado un saldo trágico de víctimas, sino que también ha puesto en evidencia la falta de regulación en sectores clave para la seguridad de los ciudadanos. Tanto Morón como Chávez coincidieron en que este tipo de incidentes debería servir como un llamado de atención para implementar medidas que garanticen la protección de las personas en actividades de alto riesgo.