En un megaoperativo, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ejecutó este lunes un conjunto de allanamientos e incautaciones en bienes vinculados a Joaquín Ramírez, excongresista y actual alcalde de Cajamarca. La intervención se realizó en siete ciudades del país: Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.
El operativo, liderado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada, tuvo como objetivo la incautación de inmuebles, vehículos y otros bienes considerados relevantes dentro de la investigación por presunto lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Además de Ramírez, la medida incluyó a varios de sus familiares, colaboradores y un grupo de 11 empresas con las que habría mantenido vínculos comerciales.
Las acciones ejecutadas por el Ministerio Público buscan asegurar evidencias clave en el proceso, mientras continúan las diligencias para determinar si existió un esquema de financiamiento ilícito. Según fuentes fiscales, se investiga la posible utilización de diversas empresas para el manejo de fondos de procedencia aún no esclarecida.
El megaoperativo no solo abarcó propiedades personales del excongresista, sino también bienes de diversas compañías, entre ellas Universidad Alas Peruanas S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria y Promotora Juan Pablo II S.A. De acuerdo con las investigaciones, estas entidades habrían tenido un rol dentro de los movimientos financieros que hoy son materia de análisis por parte de las autoridades.
Investigaciones fiscales
El nombre de Joaquín Ramírez ha estado en el centro de investigaciones fiscales por más de diez años. En abril de 2023, el entonces director de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, Jhonny Veliz, informó que se habían incautado 295 bienes relacionados con el excongresista, incluyendo inmuebles, vehículos, aeronaves y un simulador de vuelo.
En su momento, las autoridades indicaron que el decomiso de estos activos respondía a la necesidad de evitar cualquier intento de ocultamiento o transferencia mientras se llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de estos bienes fueron devueltos a Ramírez, lo que generó diversas reacciones y cuestionamientos sobre la solidez del caso.
En relación con la reciente incautación, la Fiscalía ha reiterado que el proceso sigue en curso y que las nuevas acciones responden a la evaluación de nuevos elementos probatorios. Según las hipótesis manejadas por el Ministerio Público, existirían indicios de un flujo de dinero de origen aún no determinado que habría sido utilizado para financiar diversas empresas y adquisiciones de bienes a lo largo de los años.
Mientras tanto, el alcalde de Cajamarca ha sostenido en reiteradas ocasiones que la investigación es innecesaria y que, después de más de una década, las autoridades aún no han logrado sustentar una acusación en su contra.
Investigación por Lavado de Activos
Cabe recordar que, el pasado 12 de febrero, el excongresista fujimorista calificó de “innecesaria” la investigación en su contra por el presunto delito de Lavado de Activos, un caso que lleva más de diez años en curso. Durante su intervención en RPP Noticias, Ramírez expresó su frustración por la duración del proceso y señaló que los bienes que le habían sido incautados en la etapa inicial del caso fueron posteriormente devueltos.
El caso que involucra a Ramírez se originó debido a sospechas sobre el financiamiento de diversas empresas con dinero de procedencia presuntamente ilícita. Entre los bienes incautados, según declaraciones realizadas en abril de 2023 por el entonces director de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, Jhonny Veliz, se identificaron 295 activos, los cuales incluían inmuebles, vehículos, siete aeronaves y un simulador de vuelo.
Este operativo representó un gasto significativo para el Estado, estimado por Ramírez en alrededor de tres millones de soles, lo que el actual alcalde criticó como una acción innecesaria y sin fundamento claro.
En sus declaraciones, Ramírez expresó su deseo de que el caso sea archivado pronto, considerando que el tiempo invertido y los recursos gastados no han aportado conclusiones concretas. “Gastaron como tres millones de soles el Estado en incautar, para nada, porque después me los tuvieron que devolver”, comentó.
