
Luego de haber sido criticado por supuestamente haber intervenido para la reapertura del Real Plaza Trujillo en el año 2023, el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, se pronunció al respecto para negar esas acusaciones pues, según él, en realidad se trató de una situación completamente distinta y en un centro comercial diferente.
Según el parlamentario, en diciembre del año 2023 intervino “alzando la voz” luego de que se produjera el asesinato de Hugo Chávez Loyola, un criminal señalado como alias ‘Huguito’ y que era el cajero de una facción de ‘Los Pulpos’ en el patio de comidas del centro comercial Mall Aventura Plaza por parte de un sicario.

“(...) Yo levanto mi voz sobre el asesinato que se dio en Mall Aventura Plaza en Trujillo, que es un centro comercial distinto (...) Jamás he presionado para que de alguna forma alguna autoridad abra el centro comercial o para que se trate de favorecer a algún privado”, afirmó Bazán en conversación con RPP.
El congresista también indicó que, a raíz de esta decisión por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el centro comercial cerró y los trabajadores fueron perjudicados.
“Yo me manifesté porque cientos de trabajadores se comunicaron con nosotros indicando que la medida era arbitraria. También se comunicaron funcionarios del Mall Aventura Plaza indicando que como se había cerrado de manera arbitraria se les estaba exigiendo 60 mil soles para reabrir el centro comercial sin pasar inspección técnica por su puesto (...) yo lo dije públicamente, y nadie quería declarar (...)”, sostuvo el congresista en el medio radial.
Diego Bazán indicó que la acusación que se hizo en ese entonces eran en contra de la gestión del alcalde Arturo Fernández, que ahora está prófugo de la justicia pese a tener una sentencia por un caso de difamación.

“No apoyé el proyecto de ley de Adriana Tudela”
Sobre el proyecto de ley presentado por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, que ampliaba la vigencia de los certificados de inspección técnica de seguridad de edificaciones (ITSE) para hacerlas indeterminadas, Bazán indica que no lo apoyó cuando fue presentado.
“(...) Tenía mis observaciones porque el tema de fondo no es alargar o pedir después de unos años la renovación de ITSE. El tema de fondo es que las instituciones que entregan los certificados están envueltas en corrupción”.
El parlamentario también sostuvo que la emisión de los certificados ITSE es un proceso en el que se ha reportado actos de corrupción en los que se piden pagos.
“(...) Muchos empresarios me dicen “yo voy a las oficinas de Defensa Civil y lo primero que me dicen es yo tengo a alguien que te puede hacer tu informe técnico. Entonces encárgame que sea juez y parte de la situación. Una vez que me encargas te puedo dar el certificado ITSE y eso lo dicen todos los empresarios de Trujillo y en otras ciudades del país que son víctimas de la corrupción que existe en este tipo de instituciones”, dijo Bazán.

Clínicas que rechazaron atención a heridos tendrían millonaria multa
El representante de la Defensoría del Pueblo reveló en declaraciones recientes que algunos centros de salud intentaron condicionar la atención a las víctimas luego del pago de una garantía económica.
SuSalud emitió un comunicado en el que “recuerda a los directores de las instituciones prestadoras de servicios de salud que es su obligación la protección y estricta observancia del derecho a la atención por emergencia”
“Por ello, invoca a los hospitales y clínicas a adoptar las medidas correspondientes que garanticen la protección de este derecho sin condicionamiento alguno a un pago previo, ya sea garantía económica o firma de pagaré, o trámite administrativo, ni siquiera la presentación del DNI del paciente”, sostiene la entidad.
En caso de que se produzcan estos incidentes, los centros de salud podrían enfrentar multas que pueden llegar hasta los 2 millones de soles.