La denuncia del representante del Defensor del Pueblo de La Libertad, quien sostuvo que luego del colapso del techo del patio de comidas en el Real Plaza Trujillo, diversas clínicas o centros médicos se negaron a atender a las víctimas si antes no pagaban por adelantado o dejaban una garantía económica previa para ser ingresados a sus establecimientos por emergencia y que llevó a que muchos sean trasladados a otros hospitales de la región. Ante ello, SuSalud emitió un contundente comunicado en el que “recuerda a los directores de las instituciones prestadoras de servicios de salud que es su obligación la protección y estricta observancia del derecho a la atención por emergencia”
“Por ello, invoca a los hospitales y clínicas a adoptar las medidas correspondientes que garanticen la protección de este derecho sin condicionamoento alguno a pago previo (garantía económica o firma de pagaré) o trámite administrativo, ni siquiera la presentación del DNI del paciente”, sostiene la entidad.
El comunicado indica además que “la vulneración del derecho a la atención de salud por emergencia es sancionada por SUSALUD con una multa de hasta 500 UIT equivalentes a S/ 2′675.000 millones por considerarse una falta muy grave”.
“Asimismo, recomienda a los familiares de las personas que hayan sido afectadas en su derecho de acceder a una atención de emergencia sin restricción alguna a presentar su denuncia en los canales de atención que la Superintendencia tiene a disposición de la población la línea telefónica gratuita 113 (opción 7), el aplicativo SUSALUDContigo o el asistente virtual inteligente AVISUSALUD, a través del whatsapp 990443390″.
Clínicas se negaron a atender a heridos y víctimas del Real Plaza
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, Daniel Paz, denunció que varios centros médicos desconocían la póliza de seguros del centro comercial, y en uno de ellos se llegó a solicitar una garantía económica como condición para atender a los heridos de la tragedia del Real Plaza Trujillo. Esta exigencia dificultó el acceso a los servicios médicos para aquellos que no contaban con los recursos necesarios. Aunque los heridos fueron inicialmente atendidos, uno de los centros médicos, cuya identidad no fue revelada por Paz, se negó a continuar con el tratamiento sin un pago adicional.
Paz resaltó la situación como una violación de los derechos de los afectados, ya que, en su opinión, no es justificable que en medio de una emergencia se imponga un condicionante económico que retrase o limite la atención médica. En diálogo con Radio Nacional, Paz mencionó que la Defensoría tuvo que persuadir a los representantes de las clínicas para que brindaran atención oportuna, lo que subraya la gravedad de la situación.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el objetivo de que se supervise la activación de las pólizas de seguro del centro comercial y se verifique el cumplimiento de las coberturas en beneficio de las víctimas. La intervención de Indecopi busca garantizar que las víctimas y sus familias reciban la atención y las compensaciones adecuadas.
Contradicciones del gerente del Real Plaza
Por otro lado, la versión del gerente general del centro comercial Real Plaza, Misael Shimizu, contradice las denuncias del Defensor del Pueblo. En una entrevista con Punto Final, Shimizu aseguró que desde el primer momento representantes de la cadena se apersonaron en distintos centros de salud para localizar a los heridos y garantizar su atención médica. Según sus declaraciones, se logró contactar al 100% de los hospitalizados y al 37% de las personas dadas de alta. “De los 82 heridos, tenemos lamentablemente 28 que aún están hospitalizados y 54 que han sido dados de alta”, dijo Shimizu, destacando los esfuerzos realizados para asistir a las víctimas y sus familias.
Dichas declaraciones fueron desmentidas por los familiares de las víctimas, sobre todo las fallecidas, quienes denunciaron que hasta ahora ningún representante de Real Plaza se ha acercado a ellos, ya sea para dar su apoyo solidario o económico.
La familia del suboficial PNP, esposa e hija, fallecidos en la tragedia del Real Plaza indicaron que solo el ministerio del Interior y sus compañeros corrieron con todos los trámites del velorio y sepelio. Esta misma versión fue dada por el tío de Harumi, la joven trabajadora fallecida de una de las tiendas del centro comercial.
“Hasta el día de hoy ningún representante de Real Plaza se ha acercado o apersonado a apoyarnos. Ayer salió el gerente a decir que se ha comunicado con el 100% de las familias, pero eso no ha pasado. Para ellos el comunicado es suficiente. Nos indigna todo lo que está sucediendo. Me parece una burla de parte de ellos”.
Agregó que si no fuera por la empresa donde laboró su sobrina y sus compañeros no hubiera tenido un sepelio digno. “Pedimos justicia. En este accidente va a haber responsables, pero hasta el día de hoy se lavan las manos, nadie se hace responsable. Esto pudo haberse prevenido”, dijo muy dolido el familiar de Harumi, la joven fallecida.
Indemnización a víctimas
En cuanto a las demandas de indemnización, el gerente de Resl Plaza reconoció que, si bien las víctimas del accidente podrían tener derecho a una compensación, aún no se ha determinado el monto ni el procedimiento para ello. “Hablar de indemnización es apresurado”, mencionó, mientras indicaba que un equipo de especialistas se encargaba de acompañar a las familias de los heridos y hospitalizados, brindándoles la asistencia necesaria en el proceso de tratamiento médico.
Pero al ser consultado sobre por qué colapsó el techo del Real Plaza Trujillo, el gerente manifestó que “no se explican cómo sucedió” y que todo está en investigación.
