La empresaria de Gamarra, Herminia Rodas Guizado, y su acompañante fueron asesinados el viernes (21.02.2025) a balazos dentro de su vehículo en el distrito de Manchay, al este de Lima. Las autoridades sospechan que el crimen podría estar vinculado con el tráfico de terrenos, una problemática que afecta cada vez más a las zonas periféricas de la capital.
Según las primeras investigaciones, Rodas Guizado había estado en un terreno en Manchay días antes del crimen con la intención de desalojar a invasores que habían tomado ilegalmente el lugar. En el terreno, se encontraron marcas de cal, lo que sugiere que se estaba llevando a cabo una lotización irregular. Este tipo de operaciones ilegales es común en diversas áreas de Lima, donde grupos organizados se apoderan de terrenos sin ningún tipo de regulación.
La principal hipótesis de la Policía es que el asesinato fue una represalia de los traficantes de terrenos a causa de las acciones de Rodas Guizado para recuperar y regularizar el terreno. Las autoridades aún están investigando la conexión exacta entre la víctima y los agresores, pero esta teoría ha ganado fuerza en los últimos días debido al contexto de disputas violentas por terrenos en la zona.
Vecinos del área informaron haber escuchado disparos durante la madrugada, lo que alertó a la comunidad. Sin embargo, las autoridades llegaron al lugar casi dos horas después del hallazgo del vehículo con las víctimas. En la escena del crimen se encontraron más de 10 casquillos de bala, lo que refuerza la idea de un ataque directo y premeditado. El vehículo de las víctimas presentaba múltiples impactos de bala, y la Policía continúa recabando evidencia para dar con los responsables.
Este asesinato es solo un ejemplo de la creciente ola de inseguridad que afecta a Perú. En los primeros 17 días de 2025, se registraron 79 homicidios en todo el país, con Lima liderando las estadísticas con 21 muertes violentas. La percepción de inseguridad ciudadana se ha disparado, y un reciente estudio revela que el 90% de los peruanos se sienten inseguros en sus comunidades, lo que refleja un ambiente cada vez más peligroso para los ciudadanos.
La inseguridad ha superado a la inflación como la principal preocupación de los peruanos, según una encuesta reciente, y se ha convertido en un desafío central para el gobierno. A pesar de la implementación de medidas como el Plan de Control Territorial y la declaración de estados de emergencia en diversas regiones, los esfuerzos para frenar la ola de violencia han sido insuficientes. Las autoridades continúan luchando contra la creciente criminalidad organizada, y los críticos señalan la falta de estrategias efectivas y un liderazgo débil frente a las organizaciones criminales.
Peruanos culpan a Dina Boluarte, Congreso y la Policía por los problemas de inseguridad
Según una reciente encuesta de Ipsos, la mayoría de los peruanos considera a la presidenta Dina Boluarte como la principal responsable de la inseguridad ciudadana que azota al país. El 56% de los encuestados apunta directamente a la mandataria, seguida por el Congreso de la República (42%) y la Policía Nacional del Perú (PNP) (37%).
Las críticas surgen a raíz de la persistente crisis de criminalidad, exacerbada por declaratorias de estado de emergencia en varias zonas del país, incluyendo Trujillo y Lima Metropolitana. A pesar de estas medidas, la percepción ciudadana sobre su efectividad sigue siendo negativa. Además, la gestión de la Policía Nacional bajo el liderazgo del ministro Juan José Santiváñez también es cuestionada, ya que solo un 6% de los peruanos apoya su permanencia en el cargo.
La encuesta refleja el creciente malestar social debido a la falta de soluciones efectivas en la lucha contra la criminalidad organizada. Este descontento también se extiende a los jueces y alcaldes, quienes, según la opinión pública, tienen una responsabilidad compartida en el incremento de la violencia.
La aprobación de la gestión de Boluarte sigue en descenso, y la presión sobre el gobierno aumenta, especialmente en un contexto donde los ciudadanos exigen medidas más concretas para restaurar la seguridad. A pesar de las manifestaciones y protestas de sectores afectados, el gobierno ha minimizado las demandas, mientras que el ministro Santiváñez ha sido criticado por su vínculo con controversias internas.
