El colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, que dejó 82 heridos, seis fallecidos confirmados y la posibilidad de más víctimas bajo los escombros, ha generado cuestionamientos sobre las inspecciones de seguridad realizadas en este tipo de infraestructuras. Según expertos e ingenieros, las fallas en el proceso de verificación podrían haber influido en el desenlace de este desastre.
Jaime Limonchi Guerrero, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Puente Piedra, explicó que los centros comerciales están clasificados dentro del nivel de “muy alto riesgo”. Por lo tanto, quienes desean obtener una licencia de funcionamiento deben pasar por inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE). Estas verificaciones son realizadas por brigadas de inspectores especializados, que pueden incluir ingenieros civiles, arquitectos y especialistas en seguridad, entre otros.
Estas inspecciones evalúan puntos clave como conexiones eléctricas, señalización, extintores, luces de emergencia, aforo permitido y estabilidad superficial de la infraestructura. Sin embargo, Limonchi señaló que “estas inspecciones suelen ser demasiado generales en casos de alto riesgo, ya que no profundizan en la resistencia estructural ni en la calidad de los materiales utilizados”.
El especialista añadió que, si bien las edificaciones deben renovar sus certificados de defensa civil cada dos años, esto no garantiza que la estructura esté en óptimas condiciones para soportar cargas críticas. “Los inspectores deben verificar que no existan rajaduras, humedad o signos de salitre, pero también es fundamental realizar estudios detallados sobre la capacidad de soporte, los sistemas de drenaje y la calidad de los materiales empleados en la construcción inicial”, afirmó Limonchi.
Por otro lado, Gelqui Gómez, comandante e inspector departamental de los bomberos de La Libertad, destacó que las fallas estructurales podrían ser resultado de procesos constructivos deficientes. “Aspectos como una mala mezcla de cemento, fierros o proporciones incorrectas durante la edificación pueden acabar en resultados devastadores”, aseguró.
Tras el colapso, Gómez solicitó equipos especializados como gatos hidráulicos industriales para retirar las vigas pesadas que aún dificultan las labores de rescate. Según el comandante, la falta de recursos adecuados ha ralentizado las operaciones, sumándose a la preocupación de que podría haber más víctimas bajo los escombros.
Este desastre deja en evidencia la importancia de fomentar inspecciones más exhaustivas para estructuras calificadas de muy alto riesgo. Limonchi enfatizó que los ingenieros civiles certificados como inspectores ITSE son claves en la evaluación de puntos críticos, como la resistencia estructural y las condiciones de construcción previamente al otorgamiento de licencias.
Consecuencias penales tras el colapso en Real Plaza Trujillo
Según el abogado penalista Carlos Caro, el Ministerio Público debe iniciar investigaciones preliminares por homicidio, lesiones graves y estragos, según los artículos 276 y 278 del Código Penal en el caso del colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo. Dependiendo de los hallazgos, incluso podría configurarse homicidio calificado, tipificado en el artículo 108.4, que contempla penas de 15 a 35 años de prisión al tratarse de un acto con un medio que pone en peligro la vida o la salud de las personas.
Este caso no puede ser considerado como un accidente fortuito; involucra presuntas omisiones de responsabilidades tanto de la empresa administradora como de las autoridades públicas. En situaciones de este tipo, las competencias en prevención recaen también en los gobiernos municipales y en Defensa Civil, quienes tienen el deber de garantizar las condiciones de seguridad en establecimientos abiertos al público. Esto incluye la arquitectura, ingeniería, resistencia de los materiales y solidez de la infraestructura, considerando eventos previsibles como sismos de intensidad moderada, habituales en la zona.
La falta de supervisión exhaustiva, no solo al momento de otorgar licencias sino en inspecciones periódicas, plantea preguntas clave: ¿cumplieron las autoridades municipales y Defensa Civil con sus obligaciones legales y técnicas?, ¿fue realizada la fiscalización por personal capacitado?
Por su parte, la empresa administradora del centro comercial tiene el deber de garantizar la seguridad de los usuarios, identificando y mitigando riesgos. Si el fallo estructural era cognoscible o previsible y no se tomaron medidas adecuadas, la responsabilidad penal podría escalar a una imputación por dolo, entendiendo este como conocimiento del peligro concreto y la inacción deliberada ante dicho riesgo. La sola existencia de licencias o permisos no exime de responsabilidad.
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