Juan José Santiváñez Antúnez, actual ministro del Interior, ha sido objeto de tres investigaciones: dos en la Fiscalía de la Nación por abuso de autoridad y encubrimiento, y otra por organización criminal en el despacho del fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Desde su cargo, ha interpuesto una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y ha presentado una queja funcional contra el fiscal Ordaya, con el aparente objetivo de desacreditar a quienes lo investigan, según fuentes judiciales.
En una conversación de WhatsApp con el capitán Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”, que forma parte de la investigación fiscal, Santiváñez habría admitido su estrategia y verdadero objetivo en su actual carrera política: “Estoy saliendo y haciendo todo esto para que Dina no pueda botarme”. Además, agregó: “Mi meta no es esta, hermano. Yo voy a ser presidente en 2026″.
Por ello, con el poder de su lado y el apoyo del Congreso que evitaría su salida de la cartera del Interior a pesar de los altos índices de criminalidad que se viven en el Perú, Santiváñez ha manifestado que no acudirá a la diligencia programada para el 27 de febrero, en el marco de la investigación que se le sigue por los audios que registrarían una conversación con el capitán Junior Izquierdo, más conocido como ‘Culebra’.
“No vamos a acudir, porque hoy hemos sido notificados sobre la resolución de la audiencia de tutela de derechos, donde solicitamos la acumulación de ambos expedientes, es decir, el 012 y el 213. Se pidió a la fiscal de la Nación que ambos casos se sumaran en una sola carpeta, pero la fiscal de la Nación ha emitido una disposición absolutamente ilegal, en la que afirma que no separará las carpetas y continuará con las investigaciones de manera separada”, explicó.
Sin embargo, su camino a la presidencia se vería trunca, ya que a pesar de ser uno de los ministros escudo de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez no cuenta con el apoyo de los peruanos, pues en las últimas encuestas la mayoría culpa a la PNP y al actual gobierno del aumento de la inseguridad ciudadana.
Polémicas defensas a policías involucrados en delitos
En un informe publicado en ‘Hildebrandt en sus trece’, mencionó que antes de asumir como ministro del Interior, Santiváñez fue abogado defensor de numerosos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados por delitos graves. Entre sus clientes figuran el comandante Raúl Prado Ravines, acusado de liderar el “Escuadrón de la Muerte”, responsable de la ejecución sumaria de 20 presuntos delincuentes; el general Héctor Petit, investigado por la compra irregular de insumos médicos por 10 millones de soles durante la pandemia; y el general José Figueroa, presunto miembro de la organización criminal “Los Intocables Ediles”. También ha representado a agentes de la Policía acusados de ofrecer protección al exoperador del fujimontesinismo, Óscar López Meneses, y a siete implicados en la banda “Los Babys del Fundo Oquendo”, dedicada a la usurpación de terrenos y la extorsión.
Otro de sus defendidos fue el general Felipe Monroy, quien dirigió la polémica intervención en la discoteca Thomas Restobar en 2020, donde murieron 13 personas. En ese caso, Monroy fue investigado por ordenar la sustracción de grabaciones de seguridad del local. En enero de 2025, ya con Santiváñez al frente del Ministerio del Interior, Monroy fue ratificado por segundo año consecutivo como jefe de la Región Policial Lima.
Una situación similar ocurrió con el coronel José Jesús Franco Martínez, excliente de Santiváñez, quien en 2021 fue arrestado y acusado de formar parte de la organización criminal “Los Intocables del Sur Este”, vinculada a extorsión, sicariato y tráfico de terrenos. A pesar de las pruebas recabadas por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía, que incluyeron escuchas telefónicas y testimonios de colaboradores eficaces, en mayo de 2024, poco después de que Santiváñez fuera nombrado ministro, Franco Martínez fue liberado y reincorporado a la Policía. Para enero de 2025, ocupaba el cargo de jefe de la División Policial (DIVPOL) Centro 2.
La captura de Franco Martínez en 2021 se realizó en un megaoperativo autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho, donde la Diviac allanó 20 inmuebles y confiscó dinero en efectivo, armas y teléfonos celulares. Según el entonces comandante general de la Policía, César Cervantes, la banda operaba en distritos como La Molina, Pachacámac, Lurín y Cieneguilla, donde usurpaba terrenos y los vendía con la complicidad de algunos policías. Entre ellos estaban el coronel Franco Martínez, el comandante Juber Pezo Marmolejo y el alférez Félix Vaca Blas, quienes figuraban en el organigrama de la organización.
El Equipo N° 02 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada solicitó prisión preventiva para Franco Martínez, pedido que fue aceptado por el juez Concepción Carhuancho, quien le impuso 36 meses de reclusión. Fue en este contexto cuando Santiváñez asumió su defensa y presentó un recurso de casi 500 páginas solicitando su liberación, argumentando que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes. Sin embargo, el juez desestimó el pedido y ratificó la prisión preventiva.
“Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”
En otra de las conversaciones mostrada por el semanario de César Hildebrandt, se puede leer una frase polémica: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” que Santiváñez escribió en un chat de WhatsApp que le envió al capitán Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”, en 2024, justo cuando se encontraba defendiendo a los policías implicados en varios casos de investigación criminal.
A pesar de este antecedente, en 2024, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Santiváñez, impulsó la aprobación de la Ley 32181, que impide que se dicten detenciones preliminares o prisiones preventivas contra policías en el ejercicio de sus funciones. “Agradezco al Congreso de la República por promulgar estas normas que garantizan que los efectivos policiales no enfrenten persecuciones en materia de prisiones preventivas”, declaró en enero de 2025.
En noviembre de 2024, luego de que el juez Concepción Carhuancho ordenara 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, Santiváñez expresó su rechazo, calificando al magistrado como “un riesgo para el debido proceso, para la justicia, para todos los ciudadanos y para cualquiera”.
En contraste con sus funciones como ministro del Interior, su historial como abogado muestra que ha defendido a policías vinculados a redes criminales, a pesar de haber negado públicamente haber patrocinado a efectivos involucrados en corrupción. En enero de 2024, durante una conferencia de prensa en Trujillo, aseguró: “¿He defendido a algún efectivo policial implicado en actos de corrupción con organizaciones criminales? A ninguno, para que usted lo sepa”. Sin embargo, documentos judiciales desmienten esta afirmación, evidenciando su representación legal de policías procesados por delitos graves.
