Este viernes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo presente en la inauguración de una institución educativa en la región Piura, donde aprovechó la oportunidad para destacar la depuración del sector educativo. La mandataria señaló que su gobierno ha dado de baja a más de 680 profesores, auxiliares y personal administrativo con antecedentes penales relacionados con delitos graves, como violación y terrorismo.
En su intervención, Boluarte subrayó que su administración no permite la participación de personas con estos antecedentes en el sistema educativo. “En mi gobierno no permitimos a violadores, acosadores ni terroristas en las escuelas”, afirmó, asegurando que la formación de los estudiantes debe ser “inmaculada” y libre de influencias perjudiciales.
Según dijo, el gobierno garantizará el cumplimiento de que se imparta enseñanzas educativas que están dentro del plan educativo del Ministerio de Educación (Minedu). “Acá no hay espacio para profesores que tengan ideologías que perjudiquen el bien aprender de nuestros alumnos, que perjudiquen el bien investigar de nuestros niños. No hay espacio para ideologías que torpedean el desarrollo de la patria”, mencionó.
“Estas personas, de ninguna manera volverán a poner en riesgo la integridad de nuestros niños y por ello, hago un llamado al Poder Judicial para que juntos garanticemos la integridad de nuestros niños”, añadió.
Violencia sexual contra niñas y niños wampis y awajún
Los docentes y personal educativo expulsados de las escuelas, del cual hace mención la jefa de Estado, están relacionados con una serie de denuncias presentadas por el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis (COMUAWUY). En 2024, este grupo denunció que más de 500 profesores habían sido señalados por casos de abuso sexual contra niños y niñas en las últimas décadas, específicamente desde el año 2010.
La gravedad de estas acusaciones generó un gran revuelo a nivel nacional, lo que llevó a que se iniciaran investigaciones y a que la cifra de acusaciones aumentara rápidamente. Así, el número de casos denunciados pasó de 500 a 834 en poco tiempo.
En medio de la indignación generalizada en la sociedad peruana, las declaraciones de dos ministros del gobierno de Dina Boluarte generaron una fuerte controversia. El ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, fueron duramente criticados por sus comentarios que muchos consideraron estigmatizantes y racistas hacia las comunidades indígenas.
Quero, al referirse a las denuncias de abuso sexual en las comunidades amazónicas, sugirió que estas podrían ser parte de una “práctica cultural que lamentablemente ocurre en los pueblos amazónicos”. Este comentario desató una ola de críticas por parte de políticos y defensores de los derechos humanos, quienes cuestionaron si esa era la postura oficial del Ejecutivo.
Posteriormente, la ministra Ángela Hernández, quien se supone debe defender a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, levantó más polémica al respaldar las declaraciones de Quero. Hernández señaló que, efectivamente, se trataba de “prácticas culturales que debemos desterrar”.
Ambas intervenciones fueron consideradas como una forma de justificar los abusos, restando seriedad a las denuncias y perpetuando una visión estigmatizante de las culturas indígenas. Las declaraciones de Morgan Quero y Ángela Hernández no solo fueron rechazadas por su contenido, sino que la ciudadanía exigió que fueran retirados de sus cargos de inmediato,.
A ello se sumó la crítica al gobierno de Dina Boluarte y a los gobiernos anteriores por la desatención a las comunidades indígenas en relación con las denuncias de abuso. Se señaló que estos casos no son hechos aislados, sino una práctica recurrente que evidencia la falta de acción efectiva. A pesar de existir denuncias formales, muchos docentes acusados de violación y acoso continúan trabajando.
