Desde el 17 de febrero de 2025, ciudadanos del Valle del Tambo, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, se encuentran en huelga indefinida en rechazo a los proyectos mineros Tía María y La Tapada, impulsados por la empresa Southern Copper Corporation. La protesta, que ha sido convocada por organizaciones sociales, exige la cancelación definitiva de ambos proyectos que, según los manifestantes, representan una amenaza para el medio ambiente y para la supervivencia de la agricultura local.
Este conflicto no es nuevo. El rechazo al proyecto Tía María se ha mantenido constante desde 2009, cuando se realizó una consulta vecinal en seis distritos de Islay. El resultado fue contundente: el 97% de la población votó en contra de la minería en la zona y del uso de aguas subterráneas y superficiales para estos fines. Sin embargo, Southern Copper ha persistido en sus intentos por avanzar con el proyecto, mientras que las protestas han aumentado en intensidad con el paso de los años.
El impacto de la minería en el Valle del Tambo
El Valle del Tambo es una región predominantemente agrícola, y su economía depende principalmente de la producción agropecuaria. La ejecución de los proyectos Tía María y La Tapada ha generado gran incertidumbre entre los habitantes, que temen que la minería afecte las fuentes de agua dulce esenciales para la agricultura. De acuerdo con los dirigentes locales, la contaminación de los recursos hídricos y el impacto en la calidad del agua podrían afectar gravemente las actividades agrícolas y, por ende, la economía local.
La oposición al proyecto minero Tía María ha sido un conflicto de larga data que comenzó en 2009. Las protestas contra el proyecto se intensificaron en 2011 y 2015, cuando se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden, resultando en muertos y heridos. A pesar de la resistencia local, el gobierno ha continuado respaldando el proyecto, lo que ha generado un conflicto social continuo que persiste hasta el día de hoy, con nuevas movilizaciones como la huelga indefinida iniciada el 17 de febrero.
“El proyecto afectaría el territorio agrícola y sus recursos hídricos, además de poner en riesgo la salud de los pobladores”, señaló Miguel Meza, uno de los dirigentes que lidera las protestas, en declaraciones a Correo. Además, durante los primeros días de huelga, los manifestantes realizaron bloqueos de carreteras, lo que interrumpió el tráfico y afectó el transporte interprovincial. A pesar de estas interrupciones, las movilizaciones se han mantenido dentro de los márgenes de la legalidad, sin reportarse incidentes violentos hasta el momento.
Posición del gobierno y la empresa minera
El conflicto ha llegado a un punto crítico, con la postura de la empresa minera y el gobierno alineada a favor de la ejecución del proyecto Tía María. Southern Copper ha defendido la viabilidad del proyecto, asegurando que este se llevará a cabo con tecnologías que mitigan los impactos ambientales, como el uso de agua desalinizada para las operaciones. La empresa sostiene que Tía María generará empleo, impulsará el desarrollo económico de la región y contribuirá significativamente a la economía del país a través de los impuestos y el canon minero.
Según Southern Copper, se espera que el proyecto produzca 120.000 toneladas de cátodos de cobre al año y genere 3.600 puestos de trabajo directo en el pico de su construcción. Para el segundo año de operaciones, el proyecto podría generar una importante contribución fiscal, estimada en S/ 5.460 millones durante los 20 años de vida útil del proyecto.
Sin embargo, la comunidad local ha puesto en duda las promesas de la empresa. A pesar de los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad, los opositores al proyecto han señalado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados por Southern Copper no abordan adecuadamente los riesgos de contaminación atmosférica y la afectación de los recursos hídricos. Los opositores al proyecto insisten en que cualquier alteración de la calidad del agua podría tener un impacto devastador para la agricultura local y para la salud de los habitantes, que dependen de los recursos naturales para su supervivencia.
Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte ha expresado su respaldo al proyecto, argumentando que la minería es fundamental para la recuperación económica del país. El Ejecutivo ha manifestado su intención de garantizar el orden público durante la huelga y evitar cualquier tipo de violencia o alteración del orden social. Las autoridades locales se han comprometido a mantener la calma, mientras las movilizaciones continúan, con un paro macroregional programado para el 27 de febrero como parte de la protesta en defensa del agua y el territorio.
