De denunciado a denunciante. Luego de cuestionarse la adquisición de un inmueble valorizado en más de un millón de euros en Perú, el diputado español José Luis Ábalos reconoció la compra, pero indicó que es parte de la fundación que presidía, la cual está en trámite de extinción, y que busca cederlo a la Municipalidad de Chimbote. No obstante, existen personas a las que calificó de ‘okupas’ que buscan allanar y apropiarse del medio.
A través de su cuenta oficial de X, el también extitular del Ministerio de Transportes dio su versión sobre cómo y en qué contexto obtuvo el lugar en el que se construyó un centro social que brinda servicios sociosanitarios, culturales y formativos e indicó que la persona que buscó ‘manipular’ su ejecución es parte de un plan elaborado por jóvenes con antecedentes delictivos de la mano del periodista que publicó la noticia.
De acuerdo con lo expuesto, la ocupación inicial ocurrió en el 2019, por parte de una persona identificada como Segundo S. Valle que estuvo vinculada a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) y aprovechó la situación de extinción para promover la ocupación del edificio. “El único que podía invocar derechos para acometer la desocupación era yo, por lo que apoderé a una colaboradora en Perú que pudo conseguir la desocupación y que hoy está gestionando la cesión, así como el evitar ocupaciones lucrativas y mantener las funciones que ejercía el centro cuando FIADELSO tenía capacidad para mantenerlas”, mencionó.
Aunque dijo que logró la expulsión de los ocupantes, indicó que el promotor de la apropiación de 2019, que está citado a juicio para el mes de octubre acusado de usurpación agravada, ”quiere volver a intentar hacerse con el edificio, aprovechando mi situación personal y procesal". Según el político, investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal, es en ese marco que el hombre acusado contactó al periodista Alejandro Entrambasaguas para dar cobertura a sus propósitos mezclando temas de hace casi treinta años con la situación que vivo en este momento.
“Ocurre, por tanto, que unos OKUPAS con antecedentes delictivos algunos, eso que tanto preocupa en España a la derecha, aprovechan la circunstancia de lagunas legales y la falta de un titular claro para reocupar el edificio con la colaboración de un periodista español. La fuente de la que bebe El Debate y el periodista que firma la información, son esos okupas que quieren volver a allanar el Centro Social para apropiárselo, y no voy a permitirlo porque tiene que ir a la Municipalidad de Chimbote.”, sentenció.
¿Qué son los ‘okupas’?
El término “okupa” se utiliza para describir a las personas que toman posesión de una propiedad sin el consentimiento del propietario. Surgió como una forma de protesta social contra la especulación inmobiliaria y el aumento desmesurado de los precios de la vivienda en las grandes ciudades. En sus inicios, el movimiento okupa estaba vinculado a ideologías anarquistas y buscaba denunciar las desigualdades del mercado inmobiliario, promoviendo el uso social de viviendas vacías.
Aunque el fenómeno no es nuevo, ya que tiene raíces históricas que se remontan a la década de 1980 en España, ha adquirido visibilidad mediática en los últimos años debido a la creciente presencia de extranjeros, en especial de migrantes, en ciertos barrios de grandes ciudades como Madrid. En Carabanchel, uno de los distritos más afectados por la okupación, los migrantes peruanos han encontrado en esta práctica una alternativa ante la falta de acceso a viviendas asequibles.
Es en ese sentido que, en España, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de noviembre una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá desalojar a los okupas en cuestión de horas. Según informó el medio 20 Minutos, esta medida busca acelerar los procesos judiciales relacionados con el allanamiento de morada y la usurpación de viviendas, estableciendo un procedimiento de juicios rápidos que reducirá significativamente los tiempos de resolución. Se espera que la normativa entre en vigor a principios de 2025.
