El decano del Colegio Odontológico de Lima, José Rojas Rueda, cuestionó este jueves al congresista Luis Picón, presidente de la Comisión de Salud, por presentar un dictamen ‘exprés’ ante la Comisión Permanente en contra de la ley que reconoce los actos médicos realizados por odontólogos.
Rojas indicó que el legislador ignoró los reglamentos del Congreso al llevar un dictamen a la Comisión Permanente sin haber solicitado previamente las opiniones técnicas del Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Colegio Odontológico y el Colegio Químico Farmacéutico, de Obstetras y Psicólogos.
“Picón es un congresista sancionado por la justicia peruana (...) El dictamen fue puesto en la Comisión Permanente, un espacio donde se deben tratar temas de mayor alcance nacional. Sin embargo, el presidente del Congreso mencionó que este tema debería verse en otro momento”, agregó.
En la víspera, la Comisión Permanente incluyó en su agenda la votación de un dictamen relacionado con seis proyectos para derogar la Ley N.º 32210 sobre el “trabajo del cirujano dentista”. Una de esas iniciativas fue presentada por el propio Picón, quien convocó a una sesión extraordinaria en menos de un mes para discutirlo.
Durante esa cita, siempre según el gremio odontológico, se presentaron observaciones y se retiró una firma de su proyecto. Sin embargo, el legislador dispuso que se votara el dictamen, el cual fue aprobado sin que se cumplan “los requisitos legales establecidos” por el Parlamento, lo cual es visto por el gremio por una violación a la ley.
Bajo la óptica del decano, esta disputa con los médicos debe ser tratado en otra instancia. Además, subrayó la importancia de crear un “espacio de diálogo y concertación” para que todas las partes involucradas puedan expresar sus opiniones. “Lo que esperamos es que se respete la ley aprobada”, concluyó.
El presidente de la Asociación Odonto Perú, Yener López, señaló por su parte que Picón vulneró el numeral 2.2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso, que exige las firmas de al menos seis congresistas para iniciativas legislativas cuando el grupo parlamentario supera los seis miembros. Aclaró que los proyectos de Picón y Juan Burgos tenían seis firmas, pero al retirar una, perdieron la validez y se debió redactar un nuevo dictamen para su aprobación.
Además, López indicó que se infringió el artículo 77, ya que la Oficialía Mayor debía recibir la proposición legislativa y enviarla a la Vicepresidencia para su tramitación en las Comisiones, pero no se respetó el procedimiento, y tres proyectos ya figuraban en el dictamen.
Al ser consultado sobre los cuestionamientos, Picón aclaró que su intención “siempre fue que la Comisión Permanente tratara el tema de manera responsable”, y aseguró que se había “cumplido todas las exigencias”. Sin embargo, sobre la cancelación del debate y votación, deslizó que existen “intereses que consideran que es mejor tratarlo en un pleno a partir de marzo”.
Antecedentes
En los últimos dos años, el parlamentario ha sido sentenciado en dos ocasiones por el Poder Judicial. En junio de 2024, fue hallado culpable de negociación incompatible, en primera instancia, por favorecer al Consorcio San Antonio durante su periodo como presidente del Gobierno Regional de Huánuco.
Picón calificó este fallo como “irregular y politizado”, ya que, según él, “colusión implica el interés de dos partes”, y en su caso, “se entiende que me he coludido con la empresa, pero la empresa ha sido absuelta”. También destacó que su defensa legal ya ha realizado la apelación.
En noviembre de 2023, el congresista también fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por otro caso de negociación incompatible, relacionado con la compra de ambulancias para el Gobierno Regional de Huánuco.
Picón llegó al Parlamento como parte de Alianza para el Progreso, pero fue expulsado en 2022 por tener “posiciones políticas diferentes”, especialmente por su cercanía al gobierno del expresidente Pedro Castillo. En mayo de 2023, se unió a Podemos Perú. Antes de su carrera política, fue gobernador regional de Huánuco entre 2011 y 2014 por Somos Perú.
En octubre de 2023, fue detenido por orden judicial debido a un proceso en su contra por el delito de aprovechamiento indebido del cargo, relacionado con irregularidades en su gestión como gobernador, en las cuales aprobó obras sin presupuesto para beneficiar a un consorcio. Fue detenido cerca del Congreso y declarado “reo contumaz” por no asistir a audiencias judiciales. Tras la audiencia, quedó en libertad.
En 2014, el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva por el presunto delito de peculado, pero la Corte de Huánuco rechazó la solicitud. Un recurso de casación presentado por el Ministerio Público también fue rechazado.
