El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tomó la decisión de presentar ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente difundir información de una investigación seguida en su contra.
El documento, que ya se encuentra en poder de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicita que la fiscal Espinoza sea inhabilitada de ejercer un cargo público por 10 años, además de acusarla de presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad “en perjuicio del orden constitucional y una recta administración de justicia, perturbando la idoneidad en el ejercicio funcional que atenta contra el Estado de Derecho”.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actualmente es liderada por la congresista María Acuña, integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso, partido fundado por César Acuña. Además, como parte de la mesa directiva de este grupo de trabajo, también se encuentran los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Nilza Chacón (Fuerza Popular).
Esta nueva denuncia de Santiváñez se produce apenas unos días después de que la Fiscalía haya programado para el día jueves 27 de febrero la toma de una muestra de su voz para que esta sea contrastada con el audio atribuido a él y que fue grabado por el capitán PNP Junior Izquierdo el 21 de mayo del año 2024.
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El ministro busca la destitución de la fiscal de la Nación
Infobae Perú se comunicó con el abogado José Carlos Mejía, defensor del capitán PNP Junior Izquierdo, sobre la posibilidad de que tanto la denuncia de la fiscal de la Nación ante la JNJ como ante el Congreso tenga alguna consecuencia en la convocatoria de la Fiscalía para tomar una muestra de voz del ministro del Interior en 10 días.
“Eso no anula, restringe o suspende la investigación. En absoluto”, indicó Mejía a este medio. Sin embargo, el abogado también indicó que no le sorprendería que estas denuncias sean utilizadas por el ministro del Interior para no asistir a la citación de la Fiscalía para el día 27 de febrero.
“Obviamente el ministro está buscando la destitución de la Fiscal de la Nación. Todos los peruanos sabemos que hay dos autoridades que no se doblegan al poder de turno: la presidenta del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación. Las dos únicas mujeres de instituciones públicas de relevancia nacional y que están manteniendo su independencia y por ende son incómodas, entonces hay que denunciarlas, hay que apartarlas”, afirmó Mejía a Infobae Perú.
En audios filtrados, Santiváñez habría afirmado que la presidenta Dina Boluarte le pidió en dos ocasiones desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Además, en otra conversación, mencionaría que la mandataria le solicitó criticar públicamente al coronel Harvey Colchado, calificándolo de “policía politizado”. También se abordarían posibles acciones contra la Diviac y una referencia a Vladimir Cerrón en el contexto de una presunta fuga.
Pese a que Santiváñez ha negado la autenticidad de las grabaciones, esta pericia fonética será determinante para esclarecer su responsabilidad en el caso.
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Segundo recurso contra la fiscal Espinoza
La acusación constitucional contra la titular del Ministerio Público es la segunda parte de la ofensiva del ministro Santiváñez contra la fiscal Delia Espinoza, pues durante la primera semana de febrero, el ministro ya la denunció ante la Junta Nacional de Justicia por una supuesta vulneración a su derecho a la intimidad. Eso luego de solicitarle su contraseña de iCloud para acceder al celular que entregó sin chip y reseteado.
El argumento que presentó Santiváñez en esa oportunidad fue que el requerimiento de la Fiscalía indicaba que se debía entregar el dispositivo, más no la información que contenía. Ante esto, el Ministerio Público hizo un nuevo requerimiento, esta vez de la cuenta de iCloud y de la contraseña del ministro Santiváñez, algo que fue altamente discutido por el titular del Mininter, que lo consideró una vulneración a su intimidad.
Santiváñez indicó que entregar esta información daría acceso a datos altamente sensible, como información bancaria, detalles personales de su esposa e hijos menores de edad, así como otros datos privados que, según el ministro, no deberían ser objeto de acceso por parte del Ministerio Público.
“Quienes tienen iPhone saben que con el iCloud accede a todo: cuentas bancarias, fotografías, antecedentes y toda tu información. Entonces, si la fiscal (de la Nación) quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y me pregunte”, declaró públicamente.